La pugna por la titularidad del CNE y el cumplimiento de la ley pone en juego la estabilidad electoral de Ecuador.
El 20 de noviembre marca el final del periodo de seis años de los actuales consejeros del CNE. Sin embargo, la transición se ha convertido en un campo de batalla legal entre los titulares salientes y los vocales suplentes, quienes exigen su derecho a asumir las funciones. La controversia sobre la interpretación de la ley y los pronunciamientos jurídicos amenaza con sumir al organismo electoral en una crisis de legitimidad y operatividad.
A medida que se acerca la fecha límite para la permanencia de los actuales consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), el país se encuentra ante una disputa constitucional que podría afectar el curso de las elecciones generales de 2025. Diana Atamaint, actual presidenta del CNE, defiende la posición de que la prórroga de los consejeros, basada en un criterio emitido por la Procuraduría General del Estado, es válida y debe ser respetada para garantizar la continuidad del trabajo electoral. Según Atamaint, “el trabajo del CNE es avanzar con el calendario electoral” y acatar los pronunciamientos de la autoridad competente.
No obstante, los vocales suplentes Mónica Noriega, María Cristina Kronfle y José Merino han presentado un frente de resistencia, alegando que el periodo de los actuales consejeros ha concluido y que corresponde a ellos asumir los cargos principales. Se basan en un dictamen de la Corte Constitucional de 2019 que establece que los períodos de los consejeros son definitivos e inalterables, y que los suplentes tienen derecho a principalizarse al finalizar dicho periodo. Según Kronfle, la interpretación actual del CNE sobre el criterio de la Procuraduría es errónea, pues no se aplica al contexto de los consejeros suplentes.
El enfrentamiento entre las dos partes se intensificó con la decisión de los suplentes de presentarse ante la Corte Constitucional para exigir el cumplimiento de la sentencia de 2019. En una rueda de prensa, Kronfle aseguró que no buscan una prórroga, sino una transición conforme a la Constitución. “No vamos a hacer argucias ni ningún tipo de manejo político, estamos en estricto derecho”, afirmó. Además, anticiparon que se presentarán en la sede del CNE el 20 de noviembre para asumir sus cargos como vocales principales y continuar con el proceso electoral, sin temores ni excusas.
La disputa también ha generado una alerta sobre la seguridad y el acceso a las instalaciones del CNE, donde los suplentes han solicitado garantías al Estado para evitar obstrucciones a su ingreso. La situación podría derivar en un conflicto legal y político que afecte la percepción pública de la independencia y transparencia del CNE, en un contexto electoral clave para el país. ¿Qué opinas sobre la interpretación de la ley en este conflicto? ¿Crees que los suplentes deberían principalizarse de inmediato?
Fuente: prensa.ec
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