Consejeros suplentes denuncian irregularidades y cuestionan la legitimidad del actual pleno del Consejo Nacional Electoral.
El pasado 20 de noviembre, el conflicto interno del Consejo Nacional Electoral (CNE) llegó a un punto crítico. Tres consejeros suplentes intentaron asumir sus funciones, argumentando que el periodo original de los principales había finalizado. Sin embargo, fueron impedidos de ingresar al recinto, lo que suscitó acusaciones de usurpación y flagrante inconstitucionalidad.
El intento de los consejeros suplentes, entre ellos María Cristina Kronfle, de asumir sus cargos en el CNE culminó en un enfrentamiento jurídico y político. Según Kronfle, los consejeros principales se auto-prorrogaron de forma ilegal, ignorando las disposiciones del reglamento y los principios constitucionales. En declaraciones ofrecidas en A Primera Hora, Kronfle expresó su indignación por lo que describió como una vulneración del estado de derecho y la democracia.
Kronfle señaló que el pleno actual del CNE, liderado por Diana Atamaint, invocó un criterio de la Procuraduría General del Estado para justificar su continuidad en funciones. Según un oficio emitido el 15 de noviembre, el pronunciamiento de 2017 sigue vigente, lo que les permite permanecer en sus cargos hasta que se nombren y posicionen a sus reemplazos. Sin embargo, la vocal suplente argumentó que esta interpretación contraviene el artículo 105 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público, el cual estipula que los servidores de periodo fijo deben cesar automáticamente al finalizar su mandato.
“Esto no es una cuestión política, es un tema estrictamente jurídico”, afirmó Kronfle. Además, destacó que los consejeros suplentes cumplen con los requisitos legales y presentaron documentos que respaldan su posición. Pese a ello, el acceso al CNE les fue negado mediante un operativo policial y el cierre del perímetro desde la noche anterior.
La controversia también incluye cuestionamientos a la transparencia de los criterios emitidos por la Procuraduría. Kronfle criticó que estos documentos, fundamentales para la gobernanza institucional, no fueran consultados con la Corte Constitucional, el organismo encargado de interpretar la norma suprema. “La Procuraduría no tiene competencia en materia constitucional. La omisión de consultar a la Corte es inaceptable”, enfatizó.
Las implicaciones legales de este conflicto son considerables. Kronfle anunció que ya presentaron acciones constitucionales para exigir la cesación automática de los consejeros principales, amparados en un dictamen del referéndum de 2018 que declara inalterables los periodos de los suplentes designados por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Además, advirtió que la auto-prórroga podría configurar delitos contra la administración pública.
En medio de este panorama, surgen preguntas sobre la legitimidad del actual pleno del CNE y el impacto de estas tensiones en la confianza ciudadana en el sistema electoral. ¿Podrá resolverse esta disputa sin comprometer la credibilidad del órgano encargado de garantizar la democracia en Ecuador?
Fuente: A PRIMERA HORA | prensa.ec
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