La nueva consulta popular presentada por el gobierno de Gustavo Petro y sus posibles repercusiones políticas y sociales
El gobierno de Gustavo Petro ha vuelto a insistir con una consulta popular, radicando nuevamente ante el Congreso una propuesta con las mismas 12 preguntas que ya se hundieron en el Senado, pero ahora incluyendo cuatro nuevas enfocadas en la reforma a la salud. Sin embargo, el ambiente político no parece ser favorable, generando críticas y acusaciones de que se trata de una estrategia para hacer campaña política anticipada a tan solo un año de las elecciones colombianas.

Desde el Congreso de la República, ubicado en el centro de Bogotá, nuestra periodista Caterine Leal informa que la propuesta ya enfrenta polémica por posibles vicios de trámite. Uno de los puntos críticos es que el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien firmó el proyecto, tenía funciones delegatarias de presidente debido a que Gustavo Petro se encontraba en Roma. Esto ha generado dudas sobre la validez de la firma y si el decreto de delegación incluía la facultad de impulsar una consulta popular.
Además, los congresistas acusan al gobierno de no querer dialogar ni alcanzar consensos, prefiriendo la movilización pública a través de la consulta popular. El representante Hernán David critica que el gobierno no esté dispuesto a utilizar el camino institucional del Congreso para promover los derechos laborales, sino que busque financiar comités, marchas y grupos de sindicatos, indígenas y estudiantes, prometiendo cosas que no puede cumplir.
En cuanto al tiempo, la Constitución establece que una vez radicada la solicitud de consulta popular, el Senado tiene 30 días para decidir si le da concepto favorable. Dado que se presentó el 19 de mayo, el plazo vence el 19 de junio, fecha en la que finaliza la legislatura y no se podrá tramitar en sesiones extras. Si el trámite está viciado y no se radica con la firma correcta, el Congreso no tendría tiempo para tramitarla, lo que podría llevar al presidente a decretarla saltándose al Congreso.

Este escenario genera incertidumbre y molestia en el Congreso, quienes ven en la insistencia del gobierno una falta de voluntad para hacer las cosas correctamente. La consulta popular 2.0, aunque con cuatro preguntas nuevas, no logra alejar las críticas sobre su verdadera intención: ¿es un interés genuino por los derechos de los colombianos o una estrategia política para movilizar a sus bases y distraer la atención de otras reformas como la laboral?

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