Asamblea aprueba Ley de Integridad Pública para combatir la corrupción

La nueva ley busca erradicar la violencia y la corrupción en el sector público, mejorar la eficiencia institucional y garantizar servicios que respondan a las necesidades ciudadanas.

La Asamblea Nacional de Ecuador ha dado un paso significativo en la lucha contra la corrupción y la mejora de la eficiencia institucional con la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública. Esta ley, aprobada con 84 votos afirmativos, busca erradicar la violencia en las calles, la corrupción en todos los niveles y funciones del sector público, y garantizar que los bienes y servicios del Estado respondan a las necesidades ciudadanas.

El proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica, fue enriquecido con elementos planteados en una moción presentada por el legislador Andrés Castillo. Estos elementos incluyen el balance general del Banco Central del Ecuador, la sanción de expulsión y prohibición de retorno al territorio nacional, la deportación en el contexto del conflicto armado interno, y la designación de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.

La Ley de Integridad Pública aborda cuatro ejes fundamentales: la contratación pública, el fortalecimiento institucional del sector público, la gestión pública en su conjunto, y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país. La legisladora Valentina Centeno, ponente del informe, destacó que esta ley es necesaria, justa e inédita, ya que reforma cerca de 20 cuerpos normativos y está enfocada en la protección de la vida y la dignidad humana.

Durante el debate, varios legisladores abordaron temas como las sanciones por prevaricato cometido por jueces, la necesidad de democratizar la contratación pública, penas de hasta 15 años para adolescentes infractores, la duración de la declaratoria de emergencia judicial, la prevención del uso de jóvenes por parte del crimen organizado, y el apoyo a la economía popular y solidaria.

Sin embargo, la aprobación de la ley no ha estado exenta de controversia. El abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz ha sido uno de los críticos más vocales de la ley. Muñoz argumenta que la ley viola el principio de unidad de materia, ya que incluye temas que no están directamente relacionados con la eficiencia en las compras públicas, el objetivo original del proyecto de ley. Según Muñoz, esto desnaturaliza el propósito de la ley y la hace susceptible a desafíos constitucionales.

“La ley se ha convertido en una ‘fanesca jurídica’ que mezcla temas sin una conexión lógica entre sí,” dijo Muñoz en una entrevista reciente. “Esto viola el principio de unidad de materia y podría llevar a la Corte Constitucional a declarar inconstitucional partes importantes de la ley.”

Además, Muñoz critica las reformas que afectan a los menores infractores, señalando que estas reformas son regresivas y violan el artículo 11 de la Constitución, que establece que los derechos consagrados deben ser tratados de manera progresiva. Según Muñoz, estas reformas podrían ser declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, lo que generaría incertidumbre y problemas legales en el futuro.

“La Constitución establece claramente que los derechos de los menores deben ser tratados de manera progresiva, no regresiva,” dijo Muñoz. “Las reformas que afectan a los menores infractores van en contra de este principio y podrían ser declaradas inconstitucionales.”

Por otro lado, el asambleísta Adrián Castro defiende la ley y argumenta que es necesaria para combatir la corrupción y mejorar la seguridad en el país. Castro destaca que la ley incluye reformas importantes, como la expulsión de extranjeros que cometen delitos en Ecuador, lo que ayudará a reducir el hacinamiento en las cárceles y ahorrar costos al Estado.

“La expulsión de extranjeros delincuentes es una medida crucial para garantizar la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos,” dijo Castro. “Además, la ley incluye reformas para mejorar la eficiencia en el servicio público, lo que es esencial para garantizar que los ciudadanos reciban un trato adecuado.”

Castro también menciona que la ley protege los derechos humanos al sancionar a los jueces y fiscales que liberan a delincuentes peligrosos. Según Castro, esto es necesario para combatir la impunidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“La ley también protege los derechos humanos al sancionar a los jueces y fiscales que liberan a delincuentes peligrosos,” dijo Castro. “Esto es necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos y para combatir la impunidad que ha permitido que la delincuencia florezca en el país.”

Por su parte, el legislador Ricardo Patiño ha expresado varias críticas a la ley. Patiño argumenta que la ley no aborda adecuadamente los problemas de seguridad ciudadana y corrupción que afectan al país. Según Patiño, el gobierno actual ha tenido todas las herramientas legales necesarias para combatir la inseguridad y la corrupción, pero ha fallado en su implementación.

“El gobierno actual ha tenido todas las herramientas legales necesarias para combatir la inseguridad y la corrupción, pero ha fallado en su implementación,” dijo Patiño. “Los índices de violencia y corrupción han aumentado durante el gobierno actual, lo que indica una falta de efectividad en las políticas implementadas.”

Patiño también expresa preocupación por el impacto de la ley en la economía popular y solidaria, que es un pilar estratégico para generar riqueza, crecimiento y empleo en el país. Según Patiño, la ley podría perjudicar a los pequeños productores y cooperativas al eliminar las reservas de mercado que les permiten competir con las grandes empresas en las compras públicas.

“La economía popular y solidaria es un pilar estratégico para generar riqueza, crecimiento y empleo en el país,” dijo Patiño. “La ley podría perjudicar a los pequeños productores y cooperativas al eliminar las reservas de mercado que les permiten competir con las grandes empresas en las compras públicas.”

Además, Patiño critica las reformas que afectan a los menores infractores, argumentando que estas reformas son regresivas y violan los derechos humanos consagrados en la Constitución y en convenios internacionales.

“Las reformas que afectan a los menores infractores son regresivas y violan los derechos humanos consagrados en la Constitución y en convenios internacionales,” dijo Patiño. “Estas reformas podrían tener un impacto negativo en los jóvenes y en su capacidad para reintegrarse en la sociedad.”

Finalmente, Patiño critica el proceso legislativo utilizado para aprobar la ley, señalando que se omitieron pasos importantes y que la ley fue aprobada de manera apresurada y sin una adecuada consideración de sus impactos.

“El proceso legislativo utilizado para aprobar la ley fue deficiente,” dijo Patiño. “Se omitieron pasos importantes y la ley fue aprobada de manera apresurada y sin una adecuada consideración de sus impactos. Esto refleja una falta de seriedad y compromiso con el Estado de Derecho y la constitución.”

La Ley de Integridad Pública ha sido enviada al Ejecutivo para su revisión y posible promulgación. Una vez aprobada, se espera que la ley tenga un impacto significativo en la lucha contra la corrupción y la mejora de la eficiencia institucional en Ecuador.

La aprobación de la Ley de Integridad Pública por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador es un paso importante en la lucha contra la corrupción y la mejora de la eficiencia institucional. Sin embargo, la ley enfrenta desafíos en términos de constitucionalidad y aplicación práctica. Es crucial que la implementación de la ley sea efectiva y transparente para lograr sus objetivos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ecuatorianos.

La inclusión de estos argumentos amplía la perspectiva de la noticia y proporciona una visión más completa de las opiniones y preocupaciones de los diferentes actores involucrados en el debate sobre la Ley de Integridad Pública.