Ley APCI y sus implicaciones para los derechos humanos y la justicia ambiental
La presidenta peruana Dina Boluarte promulgó esta semana la ley APCI, conocida por sus críticos como “la ley anti ONG”. Esta ley, aprobada con alto apoyo parlamentario, obliga a las ONGs a rendir cuentas ante un tribunal de la cancillería sobre si su misión se ajusta a los intereses del Estado peruano. ¿Qué implicaciones tiene esta ley para la justicia y los derechos humanos en Perú?
La ley APCI, o ley de Administración de Programas de Cooperación Internacional, ha sido promulgada con el objetivo de regular las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que reciben financiación extranjera. Según el gobierno, esta ley busca asegurar que las actividades de las ONGs no se desvíen de los intereses del Estado peruano y no promuevan la división o la desestabilización del país.
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Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han calificado la ley como una mordaza que afectará la aplicación de la justicia en casos de contaminación ambiental y violaciones de derechos humanos. Estas organizaciones argumentan que la ley podría impedir el trabajo de las ONGs en la defensa de los derechos humanos y la justicia ambiental, especialmente en casos como la masacre de Ayacucho, donde 50 personas murieron en la represión del conflicto social en diciembre de 2022.
La ley APCI podría tener un impacto significativo en la capacidad de las ONGs para operar y defender los derechos humanos en Perú. Un tribunal estudiará si la labor de las ONGs que reciben recursos extranjeros concuerda con los intereses del Estado peruano. Esto podría atentar contra el derecho de acceso a la justicia y abandonar a las víctimas del Estado peruano.
Según críticos, la ley tiene una intención política que busca silenciar las voces críticas de las ONGs en Perú. Esto podría favorecer la impunidad en casos de abuso de derechos humanos, especialmente en regiones como Puno, Cuzco, Apurímac y Ayacucho, donde han ocurrido matanzas y abusos que están siendo litigados y acompañados por organizaciones de derechos humanos.
La presidenta Dina Boluarte ha asegurado que la administración de justicia y fiscalización está a cargo del Poder Judicial peruano y que algunas ONGs tienen una agenda política propia. Según Boluarte, estas organizaciones buscan desestabilizar y promover la división en el Perú. Sin embargo, los congresistas que impulsaron la ley han rechazado las acusaciones de censura, argumentando que todo estado soberano tiene el deber y el derecho de proteger a sus ciudadanos del caos.
La ley APCI ha sido promulgada con el objetivo de regular las actividades de las ONGs en Perú, pero ha generado críticas y preocupaciones sobre su impacto en la justicia y los derechos humanos. ¿Cómo puede el gobierno peruano balancear la necesidad de proteger los intereses del Estado con el derecho de las ONGs a operar libremente y defender los derechos humanos? La respuesta a esta pregunta será crucial para la estabilidad y la justicia en Perú.
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