Más de 35 organizaciones marchan en Asunción contra la crisis sanitaria tras la muerte de cinco bebés por falta de UCI. Médicos denuncian: “Hacemos medicina de guerra”.
Un recién nacido muere en Villarrica porque la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) “inaugurada” por el presidente Santiago Peña no estaba operativa. No es un caso aislado: en las últimas semanas, al menos otros cuatro bebés han fallecido por la misma razón. Mientras el gobierno promete y no cumple, médicos paraguayos denuncian que trabajan en condiciones de “medicina de guerra”. El sistema de salud público está en coma, y la ciudadanía ha salido a las calles para exigir soluciones.
El 1 de marzo, un recién nacido murió en Villarrica porque la UTI del hospital local, que días antes había sido inaugurada con pompa por el presidente Peña, no contaba con equipos ni personal capacitado. “Se desmanteló porque una puerta no estaba terminada”, relata un médico del lugar. La escena es emblemática de un sistema que prioriza la foto sobre la funcionalidad.
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Paraguay tiene la tercera tasa de mortalidad infantil más alta de Sudamérica, solo detrás de Bolivia y Venezuela. Los datos del Banco Mundial no mienten: cada año, cientos de niños mueren por falta de acceso a cuidados básicos. “No hay planificación a largo plazo. Ni siquiera El Salvador, con menos recursos, está peor que nosotros”, explica una ginecóloga con 20 años de experiencia en hospitales públicos.
Las imágenes de mujeres pariendo en corredores, compartiendo espacio con otras pacientes, se han vuelto comunes. “Es como estar en un campo de batalla: atendemos con lo que hay”, dice la misma ginecóloga. El 60% de las camas de UCI instaladas durante la pandemia están inutilizadas por falta de mantenimiento y personal. El sindicato de médicos lo denuncia, pero el Ministerio de Salud guarda silencio.
Esperanza Martínez, exministra de Salud y actual senadora opositora, lo resume así: “Han convertido la salud en un negocio”. Los pacientes deben vender sus pertenencias o hacer rifas para pagar tratamientos que deberían ser gratuitos. “El sistema público está diseñado para fracasar y obligar a la gente a migrar a lo privado”, acusa.
La crisis sanitaria en Paraguay no es solo un fracaso de gestión; es una violación sistemática de derechos humanos. Mientras el gobierno inaugura UTIs fantasmas, los recién nacidos mueren por falta de atención básica. La pregunta es inevitable: ¿Cuántas vidas más se perderán antes de que el Estado asuma su responsabilidad?
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