El alcalde Pabel Muñoz terminó el contrato con una empresa publicitaria que, desde 2018, adeudaba $76 millones a Quito. La firma, amparada en un juez de Guayas, ignoró fallos de la Procuraduría y Contraloría que declararon el contrato lesivo. Muñoz implementó sellos de suspensión y propuso una normativa con multas para dueños de vallas, arrendatarios y anunciantes sin permisos. “No permitiremos más abusos”, declaró. ¿Logrará Quito recuperar lo perdido?
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