La Corte Constitucional acaba de pronunciarse sobre una serie de propuestas de enmienda y consulta popular, y su decisión revela un patrón claro: aprobó solo lo que no altera el orden establecido. Dio luz verde a la contratación por horas en el sector turístico y a la reducción del número de asambleístas, medidas técnicas que no cuestionan estructuras de poder ni generan conflictos.
Sin embargo, rechazó propuestas con mayor impacto social. Bloqueó la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, pese a su baja credibilidad ante la ciudadanía. Desechó la castración química obligatoria por falta de evidencia científica y negó la reapertura de casinos en hoteles cinco estrellas, alegando ambigüedad en la redacción.
Lo más significativo: declaró improcedente cualquier intento de juicio político contra sus propios magistrados, escudándose en la independencia judicial. Con esta decisión, la Corte se blindó a sí misma, actuando como juez y parte en su propia regulación.
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El mensaje es claro: se permite lo administrativo, pero se prohíbe lo transformador. Mientras la ciudadanía exige cambios profundos frente a la inseguridad y la corrupción, la Corte opta por lo seguro y lo institucionalmente conveniente. ¿Hasta cuándo seguirán pendientes los grandes debates del país?
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