Entrevistamos a la abogada laboralista Angie Toapanta sobre las irregularidades en los acuerdos ministeriales que buscaban flexibilizar las condiciones laborales en detrimento de los trabajadores.
Luego de la polémica por los acuerdos ministeriales que se filtraron a pocos días del fin del gobierno de Guillermo Lasso, que ampliaban la jornada laboral a 12 horas y recortaban varios derechos laborales, conversamos con la abogada laboralista Angie Toapanta para entender el alcance de estas medidas que fueron rechazadas por varios sectores sociales.
La nueva ministra de Trabajo, Iván Núñez, ya adelantó que dichos acuerdos no serán publicados en el Registro Oficial, dejándolos sin efecto. Sin embargo, resulta importante analizar por qué causaron tanta indignación entre dirigentes laborales y sindicatos de trabajadores.
Según explica Toapanta, estos acuerdos ministeriales venían en la línea de “una ola de reformas laborales camufladas” impulsadas en los últimos años en Ecuador, apuntando a precarizar las relaciones laborales.
Uno de los puntos más controversiales fue la ampliación de la jornada ordinaria laboral de 8 a 12 horas diarias. Si bien esto no afectaba el tope semanal de 40 horas, igual representaba un detrimento, al pasar las horas adicionales a considerarse como parte de la jornada ordinaria, cuando anteriormente cualquier hora extra debía pagarse con recargos, señala la jurista.
Asimismo, advierte sobre el “riesgo de atomización” de la fuerza laboral con extensas jornadas de trabajo sin descansos adecuados, limitando sus posibilidades de participación política y sindical.
Estos acuerdos también buscaban implementar nuevas modalidades contractuales que extendían los plazos de contratos a plazo fijo e introducían categorías como la de “trabajadores de contacto” (call centers) para sustraerlos del régimen indefinido y de beneficios como la sindicalización.
Pese a que el gobierno defendió estos cambios apelando a la autonomía entre empleadores y trabajadores para pactar condiciones, la realidad es que existe una asimetría de poder que impide una negociación justa entre las partes, afirma Toapanta. Los empleados simplemente deben aceptar lo que disponga la empresa para conservar su fuente de ingreso.
La iniciativa de reforma laboral integral que impulsaron varias organizaciones sociales y presentaron al Parlamento en 2020 contempla medidas opuestas, como reforzar la contratación indefinida, fortalecer al IESS, promover la sindicalización y transformar el Ministerio de Trabajo para que deje de responder a los intereses empresariales.
Habrá que ver si la actual administración decide retomar algunas de estas propuestas para dignificar las condiciones laborales o si también opta por el camino de reformas regresivas.
Fuente: A Primera Hora | prensa.ec
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