Tras el veto presidencial, la AME insta al diálogo y no descarta acciones legales
El veto total del presidente Daniel Noboa al proyecto de ley que buscaba garantizar la transferencia oportuna de recursos a los gobiernos locales ha encendido las alarmas en la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). En una entrevista con A Primera Hora, su directora ejecutiva, Karim Jaramillo, manifestó su preocupación por esta decisión y advirtió que no se descarta emprender acciones legales para hacer cumplir lo estipulado en la Constitución y las leyes vigentes.
La polémica surgió luego de que la Asamblea Nacional aprobara un proyecto de ley impulsado por su actual presidente Henry Kronfle, que establecía la obligatoriedad de entregar dentro de los primeros cinco días de cada mes los recursos correspondientes a prefecturas, municipalidades y juntas parroquiales. Sin embargo, el presidente Noboa vetó totalmente la iniciativa, dejándola archivada por un año.
Ante esta situación, Jaramillo expresó que la reacción de la AME y otras asociaciones de gobiernos descentralizados fue inmediata. “Lo que se esperaba es que el Presidente de la República, en un acto de empatía e incluso de orden política, diera paso a un veto parcial para que el proyecto pueda reconfigurarse en una mesa técnica”, señaló.
La representante de los municipios ecuatorianos recalcó que el objetivo de la ley no era solicitar nuevas asignaciones presupuestarias, algo prohibido por la Constitución, sino garantizar el cumplimiento del artículo 271, que establece los porcentajes mínimos de los ingresos permanentes y no permanentes que deben transferirse a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
“La fórmula del modelo de equidad territorial funciona siempre y cuando no se realicen descuentos previos para otros fines”, explicó Jaramillo, añadiendo que uno de los argumentos del veto presidencial era que la ley afectaría a salud y educación, algo que consideró improcedente, ya que existen porcentajes específicos destinados a esas áreas.
Jaramillo enfatizó que los municipios son los más afectados, pues sus prestaciones están vinculadas directamente con los derechos de la ciudadanía, como agua potable, alcantarillado, recolección de desechos y seguridad ciudadana. “Por eso, sin recursos, nada más”, lamentó.
Ante la pregunta sobre las acciones a seguir, la directora ejecutiva de la AME aseguró que el diálogo es indispensable y que se mantendrán mesas de diálogo con el Gobierno Nacional. No obstante, no descartó la posibilidad de emprender acciones legales para hacer cumplir lo establecido en la Constitución y las leyes vigentes.
“Lo único que estamos pidiendo es que el Gobierno Nacional cumpla la ley”, sentenció Jaramillo, dejando en claro que la lucha por la transferencia oportuna de recursos a los municipios continuará.
Fuente: A Primera Hora | prensa.ec
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