La coordinadora de Transparencia de la Defensoría del Pueblo explica los avances y desafíos en la implementación de la nueva Ley Orgánica
Mónica Reinoso, coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo, analiza en “A Primera Hora” los avances y desafíos de la nueva Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública. Con un incremento significativo de entidades catastradas (1854 en 2024 vs 1400 en 2023) y la implementación del Portal Nacional de Transparencia, el Ecuador da pasos hacia una mayor apertura de datos. Sin embargo, la capacitación de servidores públicos y laadaptación a formatos de dato abierto siguen siendo obstáculos clave para el completo cumplimiento de la ley.

La Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, modificada en 2023, establece nuevos parámetros para la transparencia activa y pasiva, así como tipos adicionales de transparencia colaborativa y focalizada. El Portal Nacional de Transparencia, lanzado en 2024, busca homogeneizar la información pública y facilitar su reutilización. A pesar de los avances, la capacitación de servidores públicos y la adaptación a formatos de dato abierto siguen siendo desafíos.
Expertos en transparencia consideran que la nueva ley representa un avance significativo, aunque advierten que la verdadera prueba está en su implementación. Según datos de la Defensoría del Pueblo, el cumplimiento de la ley ha mejorado gradualmente, pasando del 88% en 2021-2022 al 89% en 2023. Sin embargo, el 11% de las entidades aún no cumplían en 2023, lo que indica que hay trabajo por hacer.
Organizaciones de la sociedad civil han elogiado el enfoque preventivo de la Defensoría del Pueblo, pero piden mayor celeridad en los procesos de monitoreo y sanciones. También señalan que la falta de recursos económicos y humanos afecta la capacidad de las instituciones para cumplir con los nuevos requisitos.

Reinoso concluye que, aunque hay avances significativos, el camino hacia una plena transparencia aún está lleno de desafíos. La automatización y el uso de inteligencia artificial en el Portal Nacional de Transparencia podrían ser clave para reducir la carga de trabajo y mejorar el cumplimiento.
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