La violencia contra las mujeres en Ecuador sigue en aumento a pesar de los esfuerzos

La representante de ONU Mujeres advierte sobre el incremento de los femicidios y otras formas de violencia basada en género en el país, a seis años de la aprobación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Este 25 de noviembre se conmemora un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Ecuador llega a esta fecha con cifras preocupantes sobre distintas formas de violencia basada en género, que lejos de disminuir, siguen en aumento.

Así lo advirtió Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en el país, durante una entrevista en el programa “A Primera Hora” de PrensaEc1. “A pesar de los esfuerzos que se han hecho, las cifras no se reducen”, afirmó.

De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional sobre Violencia de Género contra las Mujeres de 2019, 6 de cada 10 mujeres en Ecuador han vivido algún tipo de violencia. Si bien no existen mediciones actualizadas, Badilla considera que es posible que la prevalencia se mantenga o incluso haya aumentado en los últimos años.

Uno de los indicadores más preocupantes es el incremento sostenido de los femicidios desde 2020. Según el observatorio de la Fundación Aldea, entre enero y septiembre de 2022 se registraron 238 muertes violentas de mujeres por razones de género, de las cuales 94 ya fueron tipificadas como femicidios.

La representante de ONU Mujeres explicó que la violencia contra las mujeres se agravó en toda la región con la pandemia. Sin embargo, en Ecuador confluye además con un factor que complejiza aún más la situación: la creciente vinculación con el crimen organizado.

“Lo que se está viendo es que en muchos casos de femicidios, el femicida es parte de un grupo criminal o la mujer fue asesinada como represalia o venganza entre grupos del crimen organizado”, indicó.

Esto dificulta la investigación policial, la tipificación del delito por parte de Fiscalía y el procesamiento por parte de los jueces. También incide en la impunidad, ya que en los juicios frecuentemente no existen las herramientas para valorar adecuadamente este contexto.

Consultada sobre los avances en la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobada el 25 de noviembre de 2017, Badilla explicó que si bien la norma fue un paso importante para establecer el marco regulatorio, en la práctica persisten vacíos en su aplicación.

Uno de los principales problemas detectados es la falta de coordinación entre las instituciones que integran la “cadena de justicia” en la atención y prevención de la violencia.

Asimismo, señaló resistencias para implementar protocolos especializados, como el Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (Femicidio/Feminicidio) que ONU Mujeres elaboró junto a la Fiscalía.

Su incorrecta aplicación deriva en pérdida de pruebas y procesos débiles que terminan en impunidad. “Al no aplicar este protocolo de manera adecuada, se pierde prueba en el proceso de investigación y al final llegamos a un juicio con una prueba muy débil y no se logra una condenatoria del presunto homicida”, afirmó.

Otros factores que inciden son la alta rotación de personal en las instituciones, los recortes presupuestarios y la falta de continuidad en las políticas públicas con los cambios de gobierno.

Si bien el presidente Guillermo Lasso creó el Ministerio de la Mujer el año pasado, no se asignaron todos los recursos comprometidos. Tampoco recibió el presupuesto previsto el sistema de centros de atención integral “Violeta”, explicó Badilla.

Ante este contexto, la representante planteó la necesidad de retomar la evaluación de la Ley y su reglamentación, para identificar los cambios normativos requeridos.

También considera clave que el nuevo Ministerio de la Mujer ejerza un rol rector y reactive los mecanismos de coordinación interinstitucional, a fin de dar respuestas más oportunas y efectivas desde el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Consultada por las expectativas ante el nuevo gobierno de Guillermo Lasso, Badilla celebró el nombramiento de varias mujeres en el gabinete, así como la sensibilidad que demostró el presidente durante su gestión como legislador al impulsar la Ley de Economía Violeta.

No obstante, manifestó preocupación por la demora en designar a la nueva ministra de la Mujer y Derechos Humanos, cartera vacante hasta el momento.

“Es importante que esta funcionaria sea designada lo antes posible para que pueda empezar a tomar las riendas del Ministerio”, indicó.

Sostuvo que se requiere alguien con competencias y experiencia en la materia, que pueda dar continuidad a las políticas existentes, pero también priorizar acciones clave en el poco tiempo de gestión que queda.

Entre ellas, mencionó la posible apertura de nuevos Centros Violeta y el relanzamiento de las instancias de coordinación interinstitucional contempladas en la Ley, para mejorar la respuesta del Estado frente la violencia machista.

El nombramiento de esta autoridad y el impulso renovado de políticas integrales serán claves para intentar revertir el ascendente de la violencia en el país. Caso contrario, todo apunta a que Ecuador llegará al 25 de noviembre de 2024 con cifras aún más escalofriantes.