La suspensión de la Vicepresidenta: una amenaza al orden constitucional

El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional denuncia irregularidades en el manejo del caso.

El procedimiento administrativo aplicado para la suspensión de la Vicepresidenta de Ecuador vulneró principios fundamentales de la Constitución, según advirtió el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, exponiendo un grave precedente para la institucionalidad democrática.

El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) expresó su profunda preocupación por los recientes eventos que involucraron la suspensión temporal de la Vicepresidenta de la República mediante un procedimiento administrativo. La organización destacó que esta acción contravino el principio de legalidad, al ignorar que únicamente la Asamblea Nacional posee la facultad de sancionar a los altos mandatarios del país.

La Constitución de Ecuador, subrayó el IIDC, no es un simple marco orientativo, sino una norma de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios públicos, independientemente de su jerarquía. El intento del Gobierno de justificar la medida mediante mecanismos administrativos no solo desconoce la naturaleza política del cargo de la Vicepresidencia, sino que abre la puerta a prácticas arbitrarias que minan la confianza ciudadana en el sistema democrático.

Otro punto crítico señalado fue la intención del Presidente de la República de designar a una nueva Vicepresidencia sin respetar el procedimiento constitucional. Según lo estipulado, ante una vacante definitiva, el Presidente debe enviar una terna a la Asamblea Nacional, la cual decide en función de los principios de paridad y representatividad. Este acto unilateral, según el IIDC, debilita la institucionalidad y genera un precedente peligroso para el futuro del país.

La organización académica enfatizó que las autoridades del Estado tienen el deber ético y político de cumplir estrictamente la Constitución. Instó al Ejecutivo a actuar con apego a la norma suprema y evitar decisiones que erosionen el respeto a la soberanía popular y los derechos ciudadanos.

En un contexto marcado por crisis institucional, de seguridad y climática, el IIDC pidió una resolución cívica que permita a las autoridades enfocarse en su responsabilidad primaria: la protección de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. ¿Cómo afectará esta situación a la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático?

Fuente: prensa.ec