La fiscal general Diana Salazar se enfrenta a la decisión de prorrogarse en el cargo mientras el Consejo de Participación Ciudadana se mantiene inactivo.
El 8 de abril de 2025, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, cumple seis años en funciones y enfrenta la decisión de prorrogarse en el cargo. Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se mantiene inactivo en la elección de su sucesor. ¿Qué implica esta situación para la justicia en Ecuador?
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, y su subrogante, Wilson Toainga, han estado en el centro de un intenso debate sobre la prórroga de sus funciones. La Fiscalía General del Estado ha emitido un comunicado en el que se detalla la situación legal y las consultas realizadas a la Procuraduría General del Estado.
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La Fiscalía General del Estado informó a través de un video colgado en sus redes sociales oficiales, que, tras consultar a la Procuraduría General del Estado, se ha determinado que los servidores judiciales nombrados para un determinado periodo pueden desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados. Esto significa que, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social culmine el concurso para elegir nuevas autoridades, Diana Salazar y Wilson Toainga continuarán en sus funciones.
Para el jurista Alexander Barona ofrece una visión detallada del marco legal que rige la situación. Según Barona, el Código Orgánico de la Función Judicial establece que los funcionarios judiciales nombrados para un periodo fijo pueden prorrogarse hasta que sean legalmente reemplazados. En el caso específico de la fiscal general del Estado, el artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que, al terminar su periodo de seis años, la fiscal general puede continuar en el cargo hasta que sea legalmente reemplazada.
Barona también destaca que el subrogante Wilson Toainga está atado a la fiscal general y que ambos terminarán sus funciones al mismo tiempo. Además, menciona que la autonomía de la función judicial hace que la Fiscalía General del Estado no dependa de pronunciamientos externos, como los de la Procuraduría General del Estado.
La situación actual pone de manifiesto la inoperancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha fallado en realizar los concursos necesarios para la sucesión de la fiscal general. Esto ha llevado a un escenario en el que la Fiscalía General del Estado se encuentra en una situación de incertidumbre, lo que afecta la percepción de la justicia y la independencia judicial en Ecuador.
La decisión sobre la prórroga de Diana Salazar en el cargo de fiscal general del Estado no solo afectará a la Fiscalía, sino que también tendrá un impacto en la percepción de la justicia y la independencia judicial en Ecuador. ¿Qué medidas deben tomarse para asegurar una transición ordenada y transparente en la Fiscalía General del Estado? La respuesta puede estar en la implementación de reformas que fortalezcan la institucionalidad y la autonomía de la función judicial.
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