La controversia tras la Ley Antipillos: entre debates legislativos y decisiones del Ejecutivo

Publicación de la Ley Antipillos genera tensiones entre la Asamblea Nacional y el Gobierno

La reciente publicación de la denominada Ley Antipillos en el Registro Oficial, a pesar de haber sido archivada en primer debate por la Asamblea Nacional, desató una serie de críticas y cuestionamientos legales. La asambleísta Inés Alarcón calificó la acción como una “decisión inconstitucional”, mientras que desde el Ejecutivo se defendió la medida como un cumplimiento del marco constitucional.

La Ley Antipillos, diseñada para combatir el lavado de activos y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, fue enviada al Registro Oficial por el Ejecutivo tras haber sido archivada por 89 votos en su primer debate en la Asamblea Nacional. Según la asambleísta Inés Alarcón, esta acción vulneró principios fundamentales establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Alarcón explicó que el artículo 137 de la Constitución exige dos debates para las leyes de urgencia económica antes de su archivo, lo que, en su opinión, invalida la publicación realizada por el presidente de la República. Además, advirtió sobre posibles consecuencias legales, incluidas acciones de inconstitucionalidad, contra este procedimiento.

Por su parte, el Ejecutivo argumentó que la Asamblea incumplió los plazos establecidos para tramitar el proyecto, lo que habilitó su envío por el Ministerio de la Ley. Según declaraciones del presidente, la medida responde al mandato constitucional y busca garantizar herramientas para combatir estructuras criminales financieras, como el lavado de activos y el financiamiento ilícito.

El debate sobre el contenido de la ley también dividió opiniones. Mientras que sus defensores destacaron la introducción de medidas como el congelamiento administrativo de fondos sospechosos, críticos como el asambleísta Oto Vera cuestionaron la efectividad real de estas disposiciones. Según Vera, la normativa incrementa la carga tributaria sin atacar de raíz los mecanismos de lavado de activos.

Entre los puntos destacados de la ley se encuentra el fortalecimiento de instituciones como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que ha denunciado casos de lavado de activos por montos superiores a 178 millones de dólares. Sin embargo, expertos advierten que las debilidades en la coordinación interinstitucional y en la efectividad de la UAFE siguen siendo obstáculos importantes en la lucha contra el crimen organizado.

La asambleísta Alarcón lamentó que el proyecto no se haya debatido a mayor profundidad en un segundo debate legislativo. Según su criterio, esto podría haber permitido resolver discrepancias y evitar la confrontación actual entre poderes del Estado.

La polémica alrededor de la Ley Antipillos pone en evidencia tensiones más amplias entre el Ejecutivo y el Legislativo, además de plantear interrogantes sobre el balance de poder en la toma de decisiones. ¿Cómo afectará este episodio a la relación entre las instituciones del Estado?

Fuente: Notimundo | prensa.ec