La creación de la Contraloría General de la Nación, como una oficina independiente del gobierno, respondió a la necesidad de garantizar la ejecución del presupuesto y realizar el control fiscal. En la actualidad es un organismo técnico moderno, encargado de controlar el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos de las entidades del Estado.
Este sábado 2 de diciembre, la Contraloría General del Estado (CGE) cumple 96 años de vida institucional. El organismo de control fue creado en 1927 como resultado del asesoramiento que prestó al país la Misión Kemmerer, que llegó desde los Estados Unidos por pedido del presidente Isidro Ayora.
La creación de la Contraloría formó parte de un plan integral de reforma del Estado, cuyo eje central era la nueva política monetaria y la renovación administrativa del aparato público. Estas concepciones se plasmaron en la Ley Orgánica de Hacienda, publicada en el Registro Oficial No 448 el 16 de noviembre de 1927.
El artículo 199 de esa ley definió a la Contraloría General como Oficina de Contabilidad e Intervención Fiscal, independiente de cualquier Ministerio, Departamento u Oficina del Poder Ejecutivo. El artículo 208 dispuso que sea la oficina central de contabilidad y fiscalización de la hacienda pública, para asegurar la estricta ejecución del presupuesto de ingresos y egresos del Estado.
En nueve décadas, el rol del organismo se ha transformado de la mano de las teorías vigentes sobre el funcionamiento del Estado y en concordancia con los preceptos constitucionales de cada época. La Constitución de 1945 incluyó por primera vez las facultades y atribuciones de la institución. Así, dejó de ser una entidad creada únicamente por acto normativo y adquirió rango constitucional.
La Constitución de 1967 asignó el nombre que la entidad tiene hasta la actualidad: Contraloría General del Estado. Esta modificación no es únicamente formal; respondió a los preceptos modernos sobre la administración pública y la organización estatal.
En 1977, con la aprobación de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC), la Contraloría dejó de ser la oficina de contabilidad pública y fiscalización y se constituyó en un organismo superior de control externo de los recursos de las entidades del sector público.
En 2002, el Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que materializó el actual sistema de control y auditoría, regido por los principios constitucionales de legalidad, responsabilidad financiera, transparencia, economía en el uso de los recursos, eficiencia y eficacia en la gestión, junto con los criterios de equidad y ética.
Además, el marco legal para el funcionamiento institucional se ajustó al mandato de la Constitución aprobada en 1998, que facultaba a la CGE a realizar auditorías de gestión, aspecto que se reforzó en la Carta Política de 2008 que incluye, entre las atribuciones institucionales, la capacidad para examinar el cumplimiento de los objetivos de las entidades del Estado.
En la actualidad, la Contraloría General del Estado es un organismo robusto, con presencia en todas las provincias del país. Desempeña sus actividades esenciales —la auditoría gubernamental y la determinación de responsabilidades— en apego a los principios de juridicidad y legalidad, garantizando el debido proceso en el ejercicio del control público. Además, la CGE fortalece permanentemente las capacidades de los servidores públicos de todo el país, a través de planes de capacitación y programas formativos de cuarto nivel.
En esta nueva etapa, bajo la dirección del Dr. Mauricio Torres Maldonado, la Contraloría General del Estado se dirige a su centenario con la visión de fortalecer los métodos y técnicas de la auditoría gubernamental, e implementar un modelo de gobierno abierto que se fundamente en la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la innovación tecnológica.
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