La Contraloría General del Estado (CGE) aprobó el examen especial a los procesos de contratación
y convenios de pago suscritos por el Municipio de Quito entre febrero de 2020 y diciembre de 2022,
para la operación de los centros de revisión técnica vehicular.
El informe de la auditoría señala que, luego de finalizar los contratos suscritos en 2002 con las
empresas DANTON S.A. y Consorcio ITLS del Ecuador para la operación de los centros de revisión
vehicular, el Municipio realizó desembolsos por USD 7’434.732 sin respaldo contractual. Los pagos
correspondieron a la prestación del servicio entre el 23 de noviembre de 2019 y el 31 de julio de 2021.
Para realizar las transferencias, el ex secretario de Movilidad suscribió ocho convenios de pago
a pesar de los criterios emitidos por el asesor legal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (ATM)
y el procurador Metropolitano, quienes señalaron que no se podía seguir utilizando esa figura
excepcional hasta que se regularice contractualmente la prestación del servicio.
El monto de las obligaciones del cabildo se estableció en enero de 2021, en un acta de negociación
en la cual se determinó que el Municipio recibiría el 36 % de los ingresos y los aliados privados el 64 %.
Las tarifas no se sustentaron en informes técnicos, económicos o legales y no se establecieron
valores de reinversión en los centros de revisión, como construcción, instalación y actualización de
líneas de revisión, adquisición o mejora de sistemas y equipos informáticos, reacondicionamiento y
refacciones de los centros.
El informe también señala que los valores generados entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de
2021 por la prestación del servicio alcanzaron los USD 3’066.156 y se pagaron a través de un Acta de
Acuerdo Total, suscrita en junio de 2022 por la entonces directora general Metropolitana de Tránsito
de la AMT.
El uso de convenios de pago de forma recurrente, en lugar de aplicar los procedimientos comunes
de contratación pública, ocasionó que no se precautelen los intereses institucionales, ni se
garanticen las mejores condiciones económicas para el Municipio por la recaudación de las tasas
y las reinversiones a las que tenía derecho.
Además, la revisión técnica vehicular se interrumpió durante el primer semestre de 2022, mientras se
planificaban las nuevas contrataciones para la prestación del servicio.
Fuente: Contraloría General del Estado (CGE)
