El país debate entre reformas urgentes y el costo de un proceso constituyente
El fantasma de una nueva Constitución vuelve a rondar Ecuador. Sin detalles claros ni una hoja de ruta definida, la administración de Daniel Noboa ha puesto sobre la mesa la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, generando un debate nacional sobre su pertinencia, alcances y plazos. La propuesta despierta una interrogante fundamental: ¿Es este el camino que necesita un país agobiado por la inseguridad, la crisis económica y la debilidad institucional?
La idea de reescribir la Carta Magna ecuatoriana, concebida en Montecristi en 2008, no es nueva. Sin embargo, el contexto actual —marcado por la infiltración del crimen organizado transnacional y una economía que no despega— parece darle un cariz de urgencia que polariza las opiniones de expertos y políticos.
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“No hay que temerle al asunto”, sostiene Hernán Pérez Loose, exembajador de Ecuador ante la ONU y columnista de diario El Universo, aunque advierte sobre los costos temporales del proceso. “Son casi año y medio que se le va a consumir al país, entre la convocatoria a la consulta popular, la elección de constituyentes y el referéndum final”, explica.
Esta preocupación por los tiempos se contrasta con quienes ven en la Constitución vigente una “camisa de fuerza” que impide el desarrollo del país. Gustavo Larrea, director nacional del movimiento Democracia Sí, argumenta que “el país tiene muchas trabas para poder funcionar” bajo el marco constitucional actual, especialmente en áreas críticas como seguridad, estructura del Estado y economía.
La Constitución actual contempla dos mecanismos para su modificación: la Asamblea Constituyente —un proceso largo que requiere elección popular de delegados— y las enmiendas o reformas parciales, que podrían implementarse con mayor celeridad aprovechando las mayorías legislativas existentes.
Pérez Loose se inclina por la segunda vía como alternativa más pragmática: “El presidente podría ya presentar algunos proyectos de leyes que den a la inversión extranjera y privada ciertas garantías”, señala, añadiendo que la Corte Constitucional ya ha dado dictámenes favorables para cambios sustanciales como la bicameralidad y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana.
Sin embargo, Larrea insiste en la necesidad de una transformación más profunda, especialmente en tres áreas críticas com la seguridad, estructura del estado y economía,
La disyuntiva entre atender las urgencias nacionales y embarcarse en un proceso constituyente plantea un reto significativo para la administración Noboa. “Se pueden hacer las dos cosas a la vez, en eso consiste el arte de la política”, asegura Pérez Loose, aunque reconoce el riesgo de que los inversionistas se paralicen a la espera de los resultados del proceso.
Por su parte, Larrea propone “una constituyente acotada en el tiempo que debe durar entre 90 y 120 días”, en contraste con los 18 meses que podría tomar el proceso completo según las estimaciones más conservadoras. “El país necesita urgentemente ese cambio”, enfatiza.
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Un punto crucial en este debate es el alcance que tendría esta eventual asamblea. Pérez Loose es tajante al respecto: “Ya no hay asambleas constituyentes de plenos poderes, esa fue un diseño, un invento en Montecristi”, afirma, haciendo referencia al proceso que dio origen a la actual Constitución bajo el gobierno de Rafael Correa.
“La Corte Constitucional ha sido muy clara en que no hay órganos que tengan poderes ilimitados”, agrega, recordando que Ecuador “ya fue fundado en 1830” y no requiere una refundación.
Uno de los argumentos más poderosos a favor de reformas constitucionales es la necesidad de atraer inversión. La Red señala como ejemplo la crisis eléctrica: “Los permisos para inversión te permiten invertir en energía solar hasta 3 megas, cuando el país requiere producciones de cientos de miles de megavatios”.
Sin embargo, surge la pregunta sobre si estos cambios requieren necesariamente una nueva Constitución o podrían implementarse mediante reformas legales y mayor eficiencia administrativa.
El debate sobre la constituyente también enfrenta el fantasma de procesos anteriores. “No queremos aquí que la Constitución ahora sea la Constitución del actual gobierno”, advierte Pérez Loose, en clara alusión a la Carta Magna de 2008, criticada por haber sido diseñada a la medida del correísmo.
Larrea, por su parte, señala que “gran parte de la limitación que tuvo el gobierno del expresidente Lenin Moreno y del presidente Guillermo Lasso fue no contar con un instrumento jurídico” adecuado para enfrentar los desafíos del país.
Un punto de consenso entre los entrevistados es que las reformas deberían centrarse en la estructura del Estado y no en el catálogo de derechos. “El tema de derechos son derechos universales, no creo que haya mucho que hacer ahí”, afirma Larrea, sugiriendo que el enfoque debe estar en la arquitectura institucional, la economía y la seguridad.
Mientras el país digiere la posibilidad de una nueva constituyente, queda flotando una interrogante fundamental: ¿Está Ecuador en condiciones de soportar un proceso político de esta magnitud cuando enfrenta desafíos tan urgentes como el crimen organizado y la reactivación económica?
La historia reciente muestra que los procesos constituyentes en la región han tendido a polarizar a las sociedades y, en algunos casos, a profundizar las crisis que pretendían resolver. ¿Será diferente esta vez en Ecuador? ¿O estamos ante un déjà vu político que distrae de los problemas inmediatos que aquejan a la población?
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