Justicia y poder: el caso Verónica Abad reaviva tensiones en Ecuador

La vicepresidenta suspendida enfrenta al Gobierno en una batalla legal que podría marcar un precedente constitucional.

La suspensión de Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador y embajadora en Israel, abrió un nuevo capítulo en el conflicto político entre la funcionaria y el presidente Daniel Noboa. Ahora, el caso llega a la Justicia, donde Abad busca revertir una sanción que considera inconstitucional y que la aparta del cargo por cinco meses.

Justicia y poder: el caso Verónica Abad reaviva tensiones en Ecuador

El 8 de noviembre, el Ministerio de Trabajo sancionó a Verónica Abad con una suspensión de 150 días por presunto abandono de sus funciones. Según la resolución, Abad no cumplió con el traslado de su puesto diplomático en Israel hacia Turquía en el tiempo estipulado. Sin embargo, la funcionaria y su equipo legal aseguran que dicha medida no solo es desproporcionada, sino que viola sus derechos políticos y constitucionales.

En la audiencia de acción de protección realizada el 29 de noviembre, la jueza Nubia Vera escuchó las posturas de ambas partes. Los abogados de Abad argumentaron que la sanción carece de sustento legal y que el procedimiento administrativo fue irregular. Por su parte, la defensa del Ministerio de Trabajo insistió en que actuaron conforme a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

La relación entre Noboa y Abad ha sido tensa desde el inicio de su mandato en 2023. Nombrada embajadora en Israel, Abad ha acusado al presidente de violencia política de género y persecución. Este enfrentamiento político, según analistas, refleja una fractura en el Ejecutivo que podría tener implicaciones en las próximas elecciones presidenciales de 2025.

Justicia y poder: el caso Verónica Abad reaviva tensiones en Ecuador

El proceso judicial se torna más complejo al considerar los antecedentes. En una audiencia previa, el Ministerio no pudo justificar legalmente la suspensión por 150 días. La defensa de Abad argumentó que la sanción no está contemplada en la Losep y que, además, el Gobierno no respetó el debido proceso.

Este caso plantea un dilema sobre la relación entre el poder administrativo y el político en Ecuador. Es la primera vez que una autoridad administrativa intenta sancionar a una funcionaria de elección popular, lo que abre el debate sobre los límites del poder ejecutivo y la independencia de los organismos públicos.

La jueza Vera, tras escuchar a varios amicus curiae, decidió suspender la audiencia hasta el 9 de diciembre, dejando en vilo el desenlace de esta pugna legal. ¿Qué opinas sobre la relación entre el poder administrativo y las autoridades de elección popular?

Fuente: prensa.ec

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