Juicio político a Andrea Arrobo: Fiscalización desentraña la crisis eléctrica en Ecuador

La exministra de Energía enfrenta un proceso por presunto incumplimiento de funciones, mientras la Asamblea Nacional revisa pruebas clave sobre la crisis energética que afecta al país.

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional inició el 31 de octubre el análisis de pruebas dentro del juicio político contra Andrea Arrobo, exministra de Energía, acusada de incumplimiento de funciones. Arrobo, quien lideró el Ministerio en medio de una profunda crisis energética, es señalada de no tomar medidas preventivas pese a alertas documentadas. La audiencia final se llevará a cabo el 9 de noviembre, donde se decidirá el rumbo del caso en un proceso que destaca la complejidad de la gestión energética y la responsabilidad estatal.

La exministra Andrea Arrobo, en el ojo del huracán político y mediático, enfrenta graves acusaciones de incumplimiento en su rol durante su breve gestión en el Ministerio de Energía y Minas. El proceso, impulsado por los legisladores Ana Galarza, Jaime Moreno y Vicente Taiano, responde a una supuesta inacción ante alertas tempranas sobre el estiaje que actualmente afecta a Ecuador y que habría desencadenado los prolongados cortes de electricidad. En su defensa, Arrobo sostiene que comunicó en tiempo y forma a las autoridades competentes, incluida la Presidencia, sobre la emergencia energética que enfrentaba el país.

La Comisión de Fiscalización ha establecido el 10 de noviembre como el plazo final para la emisión de un informe no vinculante que definirá si se continúa con el juicio político o se archiva la causa. Durante la sesión, se revisaron las pruebas documentales y audiovisuales aportadas por ambas partes, con especial énfasis en la correspondencia oficial entre Arrobo y entidades clave como CENACE, CELEC EP, y el Ministerio de Energía. Esta documentación incluye 26 oficios que detallan las solicitudes de información y medidas de monitoreo de la crisis energética.

Ana Galarza, una de las proponentes, expuso pruebas que, según ella, demuestran que el estiaje y el deterioro de las infraestructuras energéticas eran previsibles y requerían intervención inmediata. Sin embargo, sostiene que la exministra no implementó acciones correctivas, dejando al país vulnerable ante los racionamientos. En respuesta, Arrobo argumenta que su gestión se vio limitada por un marco burocrático que obstaculizó la toma de decisiones rápidas y efectivas.

Andrea Arrobo envió un documento a la Comisión de Fiscalización en el que defiende su actuación y detalla una reunión con Arturo Félix Wong, entonces secretario de la Administración Pública, en la que discutieron el estado crítico del sector eléctrico. Según Arrobo, esta reunión es evidencia de que altos funcionarios conocían la situación y las limitaciones que enfrentaba el ministerio para evitar el colapso energético.

Por su parte, Félix Wong emitió un comunicado el 1 de noviembre cuestionando la veracidad de ciertos informes mediáticos y alegando que algunos sectores de la oposición buscan desestabilizar al gobierno mediante “maniobras políticas”. Wong sostiene que el gobierno, lejos de encubrir la crisis, tomó medidas inmediatas para investigar posibles sabotajes y denunciar irregularidades en la Fiscalía.

Este juicio político no solo cuestiona la actuación de Arrobo, sino que también expone las fallas estructurales del sistema energético ecuatoriano. La crisis ha sido atribuida a múltiples factores, incluyendo una sequía severa y la falta de inversión histórica en infraestructura. Arrobo argumenta que estos factores se combinaron para formar un escenario imposible de manejar en el corto plazo, mientras los legisladores afirman que las advertencias podrían haber mitigado la situación.

El proceso contra Arrobo y las declaraciones de Félix Wong han generado un debate público sobre la responsabilidad del Estado en el manejo de los recursos energéticos. Con miles de ecuatorianos afectados por apagones prolongados, el juicio político podría establecer un precedente sobre cómo deben ser gestionadas las emergencias en el sector energético. Sin embargo, la politización del proceso también podría ensombrecer los objetivos de transparencia y rendición de cuentas, al convertir el caso en un instrumento de disputa entre partidos.

A medida que se acerca el 9 de noviembre, la atención está puesta en la Comisión de Fiscalización, cuya decisión podría redefinir la percepción de responsabilidad y eficiencia dentro del gobierno. ¿Será este juicio un avance hacia la rendición de cuentas o un episodio más en la polarización política del país?

Fuente: prensa.ec