La directora del Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño, advierte sobre graves falencias que ponen en duda la transparencia del proceso.
El proceso para la renovación parcial de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) enfrenta serios cuestionamientos por presuntas irregularidades que siembran desconfianza sobre la transparencia e imparcialidad del concurso de méritos impulsado por el Consejo de la Judicatura (CJ).
Así lo advirtió la doctora María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, en entrevista con el medio digital A Primera Hora de prensa.ec. Miño señaló la existencia de una “crisis de la Función Judicial que ha ido escalando” y que se evidencia ahora en el contexto de la renovación parcial de la máxima instancia de justicia ordinaria en el país.
Entre las irregularidades detectadas por el Observatorio y denunciadas por la experta destacan la negativa de acceso a información sobre los postulantes, cambios arbitrarios en la asignación de puntajes, modificaciones en las reglas del concurso sobre la marcha e inconsistencias en la aplicación de las denominadas “pruebas de confianza”.
Sobre esto último, Miño aclaró que en realidad se trató de pruebas psicométricas y no de confianza. “Fueron unas pruebas psicológicas que dejaron por fuera a varios postulantes, sin que estuvieran claros los criterios para determinar quiénes no eran aptos”, criticó.
Ante la consulta sobre si la Corte Nacional de Justicia debería intervenir para esclarecer las denuncias, la experta indicó que esa instancia no tiene competencia en el tema y que le corresponde al Consejo de la Judicatura tomar acciones al respecto.
“El artículo 53 de la Ley Orgánica de la Función Judicial faculta la suspensión total o parcial de un concurso cuando hay irregularidades. Pero eso le toca aplicar al Consejo de la Judicatura, que en este caso está negando que existan problemas”, acotó Miño.
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La directora del Observatorio de Derechos y Justicia también se refirió a acciones legales presentadas que cuestionan la validez del concurso, como una acción de protección impulse por el Colegio de Abogados de Pichincha.
Sobre este punto, sostuvo que en este caso sí proceden garantías constitucionales, pues se habrían violado derechos relativos a la igualdad, el debido proceso y la seguridad jurídica.
“Cuando ingresas a un concurso de este tipo, debes tener garantías mínimas. Si tenía los mismos méritos que otro postulante y a mí me ponen menos puntos, se viola mi derecho a la igualdad”, argumentó.
La experta reconoció que las acciones legales podrían generar una mayor conflictividad e incluso la paralización del proceso, pero responsabilizó de ello al Consejo de la Judicatura.
“El caos no surge por la actuación de un juez que tutela derechos, sino por la resistencia de la Judicatura a enmendar fallas que siembran desconfianza. Si hubieran atendido antes las críticas, no haría falta llegar a esta vía constitucional”, enfatizó.
Finalmente, ante la pregunta si el concurso debería suspenderse y convocarse uno nuevo, Miño fue enfática: “Le hace un flaco favor a la democracia un proceso con este nivel de cuestionamientos. La desconfianza hacia el concurso irradiará a los jueces seleccionados”.
“Por sanidad democrática, lo mejor sería retrotraernos y comenzar de cero con uno nuevo, donde no exista este nivel de dudas”, concluyó la directora del Observatorio de Derechos y Justicia.”
Fuente: A Primera Hora | prensa.ec
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