Interoperabilidad de cámaras públicas y privadas: ¿Un avance en seguridad o una medida controversial?

La implementación de la interoperabilidad entre cámaras del sector público y privado genera debate sobre su impacto en la seguridad y los derechos de las empresas privadas.

En el marco de las estrategias de seguridad pública del gobierno de Daniel Noboa, ha establecido una normativa que busca integrar los sistemas de videovigilancia públicos y privados. Esta medida, aunque orientada a mejorar la seguridad, ha suscitado interrogantes sobre su eficacia y las posibles implicaciones para el sector privado.

El reciente anuncio de la interoperabilidad entre los sistemas de videovigilancia del sector público y aquellos del ámbito privado ha generado un intenso debate en el país. La normativa, impulsada por el gobierno nacional, pretende mejorar la seguridad a nivel nacional, facilitando un acceso más amplio y coordinado a las cámaras de videovigilancia. No obstante, esta medida no está exenta de controversias, especialmente en lo que respecta a la participación del sector privado.

El marco legal que regula esta interoperabilidad es claro: las entidades públicas deben integrar sus sistemas de videovigilancia con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Este proceso, según el gobierno, garantizará una cobertura total y una respuesta más eficiente ante situaciones de emergencia. Sin embargo, las empresas privadas, aunque invitadas a unirse, no están obligadas a hacerlo, lo que ha levantado dudas sobre la efectividad de la medida.

La normativa establece un plazo perentorio de cinco días para que las instituciones públicas cumplan con esta integración. Hasta el momento, 18 gobiernos autónomos descentralizados han avanzado en este proceso, y se espera que pronto el 100% del sector público esté interconectado. A pesar de ello, queda por ver cómo se abordará la integración del sector privado, un aspecto crucial para el éxito de la iniciativa.

Desde el punto de vista tecnológico, la interoperabilidad no parece representar un desafío significativo. El gobierno ha desarrollado una plataforma que, mediante sistemas de APIs, permite la interconexión rápida y eficiente de los sistemas de videovigilancia, independientemente de la tecnología o software utilizados. Esta solución técnica ha sido bien recibida por la mayoría de los actores públicos, aunque aún falta por determinar cuántas entidades privadas decidirán participar.

En cuanto al personal necesario para operar este sistema, las autoridades han asegurado que, por ahora, no se requiere aumentar los recursos humanos. No obstante, han dejado la puerta abierta para contratar más personal si fuese necesario, lo que refleja la importancia que el gobierno da a esta estrategia de seguridad.

El sector privado ha mostrado una reacción mixta ante la invitación a unirse a la interoperabilidad. Mientras que algunas empresas podrían ver en esto una oportunidad para mejorar la seguridad en áreas críticas, otras podrían mostrarse reticentes debido a preocupaciones sobre la privacidad y el control gubernamental.

Además, existe un debate sobre la obligatoriedad de esta medida para ciertas zonas consideradas de alta peligrosidad. Aunque la normativa general no obliga a las empresas privadas a participar, podría haber excepciones en áreas de alto riesgo, lo que añadiría una capa de complejidad y potencial conflicto.

La implementación de la interoperabilidad entre cámaras públicas y privadas representa un paso significativo en la estrategia de seguridad del gobierno ecuatoriano. Sin embargo, quedan muchas preguntas por responder, especialmente en cuanto a la participación del sector privado y la efectividad de la medida en su conjunto. ¿Será esta integración un verdadero avance en la lucha contra la delincuencia, o se convertirá en un punto de fricción entre el sector público y privado?

Fuente: prensa.ec