Gobiernos parroquiales rurales exigen al Estado pago de deuda acumulada

Movilización en Quito logra acuerdos para desembolsos, pero aún falta concretar pagos hasta fin de año

Con una masiva movilización en Quito, los gobiernos parroquiales rurales del país presionaron al gobierno central para que cumpla con los pagos adeudados por más de dos meses. Si bien se lograron acuerdos para desembolsos parciales, aún está pendiente concretar el pago total de la deuda acumulada.

En diálogo con A Primera Hora, Andrei Iza Romero, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare) filial Pichincha, explicó que el principal reclamo es por dos aspectos: la reducción presupuestaria aplicada mediante acuerdos ministeriales 027 y 062, que implica un recorte del 9,96% a nivel nacional; y los atrasos en las transferencias de las asignaciones presupuestarias, que llevan acumulados ya dos meses de retraso.

Según detalló Iza Romero, solo en Pichincha este ajuste presupuestario significa una reducción de alrededor de $1,8 millones de dólares para los 53 gobiernos parroquiales rurales de la provincia. La parroquia más afectada es Calderón, la más poblada del país, que sufrió un recorte de $300 mil en su presupuesto anual de $1 millón.

El dirigente indicó que en la reunión con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, luego de la movilización, se acordó el pago inmediato de los montos adeudados de septiembre y octubre. Este compromiso implica que hasta el 10 de noviembre se complete el depósito para los 1140 gobiernos parroquiales rurales del país correspondiente a septiembre; mientras que entre el 15 y 27 de noviembre se concrete la transferencia de octubre.

“Hay que tomar en cuenta que para llegar a Quito desde los rincones del país, tomar horas o días enteros y los compañeros recién están regresando a sus lugares de gestión. En pocas horas generaremos un pronunciamiento público para explicar los acuerdos alcanzados”, manifestó Iza Romero.

Si bien se firmó un acta de compromiso para los desembolsos parciales, desde Conagopare Pichincha aclararon que estarán vigilantes para que se cumpla el pago total de la deuda acumulada.

“No lo tomamos solo como una advertencia, es un anuncio de cumplimiento, pues representamos al 40% de lo rural. Ante un incumplimiento, estaremos muchos más, con vecinos y ciudadanos, presionando para que se respeten los acuerdos”, enfatizó el presidente de Conagopare Pichincha.

Además, señaló que si bien el gobierno sostiene que técnicamente solo adeuda el mes de septiembre, al demorar el pago más de 30 días afecta gravemente a los gobiernos parroquiales rurales, que dependen exclusivamente de estas transferencias para funcionar.

“Trabajan en septiembre y debemos cancelarles a fin de octubre porque el Seguro Social, servicios básicos, no esperan. Se ha venido fluctuando la situación con esta nueva modalidad de pago del Ministerio, cuando antes los depósitos eran siempre en los primeros 10 días de cada mes”, criticó.

En ese sentido, desde la dirigencia de Conagopare también solicitaron llegar a un acuerdo para establecer un cronograma de pagos para noviembre y diciembre, antes del cambio de mando presidencial. De lo contrario, el problema quedaría para que lo resuelva el próximo gobierno entrante.

Consultado sobre si han tenido acercamientos con el equipo de la futura ministra de Economía, Katiuska Moya, Iza Romero explicó que hasta el momento solo han oficializado la intención de trabajar en conjunto.

“Hemos pedido esta mesa técnica para explicar el modelo de equidad territorial, los fundamentos de los recortes y pedir la derogatoria del Acuerdo 62. Hemos exhortado al equipo del presidente electo y la vicepresidenta para consensuar este tipo de trabajo”, declaró.

Desde Conagopare Pichincha hicieron un llamado a la nueva ministra Moya para que sea sensible y empática con la realidad de los gobiernos parroquiales rurales, que representan a amplios sectores de la ciudadanía en sus territorios.

El reclamo de los gobiernos parroquiales rurales pone en evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, para asegurar las transferencias oportunas que permitan la adecuada gestión de las autoridades locales elegidas democráticamente por la ciudadanía.

Fuente: A Primera Hora | prensa.ec