Denuncias de abuso laboral y precarización enfrentan la resistencia de trabajadores y la indiferencia institucional.
El sector bananero ecuatoriano, líder mundial en exportaciones, enfrenta serias acusaciones de explotación laboral. Según Jorge Acosta, de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos (ASTAC), las condiciones de trabajo son comparables a formas contemporáneas de esclavitud. Esta situación refleja un grave problema estructural que combina intereses políticos y económicos.

En 2023, la hacienda María Eugenia, propiedad de la empresa Honora, administrada por la familia Noboa, despidió a trabajadores que denunciaron abusos laborales. Según testimonios, los empleados soportaron condiciones deplorables: techos derrumbándose en las empacadoras, jornadas bajo la intemperie y sin herramientas adecuadas, como alumbrarse con faros de motocicletas en la noche. La indignación llevó a los afectados a divulgar pruebas en redes sociales, única vía de denuncia frente a la inacción institucional.
La respuesta empresarial fue despidos masivos, utilizando como excusa la tercerización laboral. Este mecanismo desliga formalmente a las compañías de sus empleados al emplear intermediarios, conocidos como “jefes de cuadrilla”, para evadir responsabilidades laborales. Así, los trabajadores carecían de seguridad social, salario básico y derechos básicos, acumulando hasta una década en condiciones de informalidad.
Los intentos de defensa legal, liderados por ASTAC, encontraron trabas en el sistema judicial. Jorge Acosta denunció que el juez Douglas Carrasco rechazó pruebas clave, como transferencias bancarias y facturas que demostraban la relación laboral. Además, limitó la participación de testigos, debilitando el caso. Finalmente, el fallo favoreció a la empresa, reflejando una tendencia alarmante en los procesos judiciales relacionados con grandes bananeras.

La influencia política de las empresas bananeras en el país ha sido evidente. Durante los últimos gobiernos, se nombraron ministros del trabajo vinculados al sector, como Raúl Ledesma y Patricio Donoso, lo que ha dificultado la implementación de controles efectivos. Actualmente, con un presidente bananero, el panorama para los trabajadores parece aún más adverso.
Ecuador, principal exportador mundial de banano, sostiene esta posición gracias a la mano de obra barata. Sin embargo, los salarios ofrecidos en algunas haciendas apenas alcanzan los $200 mensuales, lejos del salario básico establecido. Esta realidad ha llevado a muchos trabajadores a situaciones extremas, como recurrir al mercado ilegal para sobrevivir, alimentando así la inseguridad del país.
Ante la falta de respuesta local, ASTAC ha trasladado sus denuncias al ámbito internacional. En 2023, la organización presentó quejas contra supermercados alemanes que compran banano a empresas señaladas por violaciones a los derechos humanos. Estas acciones han generado cierta presión sobre las compañías, aunque también han expuesto a los defensores a amenazas y atentados.
En 2023, miembros de ASTAC recibieron mensajes intimidantes de grupos criminales, quienes los acusaron de “molestar” a las bananeras. Una casa fue baleada y se intentó detonar dinamita, aunque un aguacero evitó una tragedia mayor. Estas acciones violentas subrayan los riesgos de enfrentar a un poder económico y político tan arraigado.
Jorge Acosta enfatizó que los derechos laborales se conquistan con lucha organizada. En un contexto global, la Unión Europea promueve una directiva de debida diligencia, buscando responsabilizar a empresas europeas por violaciones en sus cadenas de suministro. Este tipo de medidas internacionales puede ser un catalizador para cambios en Ecuador.
Sin embargo, a nivel local, los trabajadores enfrentan una dura realidad: un sistema judicial que favorece a las empresas, instituciones gubernamentales ineficientes y una sociedad que, en ocasiones, minimiza el problema.
¿Es posible transformar esta estructura de desigualdad en el sector bananero? La respuesta dependerá de la presión conjunta de trabajadores, consumidores internacionales y la ciudadanía ecuatoriana.
Fuente: PORTADAS | prensa.ec
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