«Las tendencias actuales están arrinconando a nuestro planeta hacia un callejón sin salida de aumento de la temperatura en tres grados». El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que ha lanzado recientemente tal aviso, está en lo cierto. Si no actuamos decisivamente, empezando en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP28) que se está celebrando en Dubái, la amenaza que el cambio climático supone para la humanidad será nada menos que una amenaza existencial.
El cambio climático es ya un importante multiplicador de los riesgos de conflictos e inestabilidad. Los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones y las olas de calor, han provocado el desplazamiento forzoso de más de 20 millones de personas al año desde 2008. Es posible que en 2050 más de 1 000 millones de personas tengan un acceso insuficiente al agua y que más de 200 millones de personas se vean obligadas a migrar.
La escasez de agua y la penuria de alimentos están nutriendo los conflictos violentos en el Sahel, el Cuerno de África y otras partes del mundo. De los veinte países más vulnerables al cambio climático, doce se hallan sumidos en conflictos. Los países autoritarios se están aprovechando de estas turbulencias para tratar de ganar influencia sobre los gobiernos frágiles y asegurarse el acceso a las materias primas. A menos que nuestros esfuerzos de mitigación y adaptación estén a la altura de la crisis climática, estas tendencias se acelerarán y se extenderán, con resultados verdaderamente catastróficos.
La Unión Europea está poniendo todo de su parte para evitar tal desenlace. Con el Pacto Verde Europeo, aspiramos, de aquí a 2030, a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 %, garantizar que más del 42,5 % de nuestra energía proceda de fuentes renovables y aumentar la eficiencia energética en al menos un 11,7 %. Nuestra meta es alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050.
La clave central de nuestra estrategia para alcanzar estos objetivos es imponer un precio a las emisiones de dióxido de carbono. Pero hacerlo solamente con respecto a la producción de la UE implica el riesgo de desplazar las actividades intensivas en carbono al otro lado de nuestras fronteras. Semejante «fuga de carbono» acarrearía una pérdida de puestos de trabajo en la UE sin conseguir reducir las emisiones mundiales.
Ese es el motivo por el que hemos establecido el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC), que garantiza que las importaciones más intensivas en carbono estén sujetas a un precio del carbono acorde con el aplicado a las mercancías europeas. No se trata de proteccionismo; es, más bien, un paso necesario para asegurar que nuestras ambiciosas medidas de descarbonización sean útiles para el clima mundial.
Deseamos asumir también la responsabilidad respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas fuera de la UE por nuestro consumo de mercancías importadas, para lo cual estamos «ecologizando» nuestra política comercial. Concretamente, queremos garantizar que los productos que importemos dejen de contribuir a la deforestación, una de las mayores amenazas para el clima y la biodiversidad. Sabemos que los requisitos derivados de esta legislación de la UE están provocando tensiones con algunos de nuestros socios. Estamos por ello dispuestos a prestarles la asistencia necesaria para aplicar estas medidas y, así, abordar juntos el reto de la deforestación.
La transición ecológica alterará el equilibrio de poder mundial. Para la UE, este proceso entraña tanto beneficios como riesgos: por un lado, reducirá nuestra dependencia respecto de los combustibles fósiles, dependencia que, como la guerra de Rusia contra Ucrania ha demostrado, conlleva elevados costes políticos y económicos; por otro lado, podría crear nuevas dependencias, por ejemplo, con respecto a los productores de materias primas fundamentales. Si pretendemos evitar ese resultado y reforzar nuestra seguridad, debemos asegurar la diversidad del suministro. Para ello, hemos de consolidar nuestros vínculos con África, América Latina y Asia Meridional, desarrollando asociaciones diseñadas a medida que generen valor añadido y creen empleo en nuestros países socios.
Si bien es cierto que Europa tiene una importante responsabilidad histórica en relación con el cambio climático, actualmente únicamente generamos el 7,5 % de las emisiones mundiales, lo que significa que las medidas internas que adoptemos solo pueden tener un impacto limitado en el clima mundial. La única solución frente al cambio climático es la acción mundial. En un momento de creciente presión sobre el multilateralismo, un acuerdo sobre la forma de cumplir los objetivos fijados en la CP21 de París no solo garantizaría un futuro seguro a nuestros hijos, sino que, además, demostraría que las instituciones multilaterales todavía cumplen su función.
La CP28 debe conseguir que el mundo pase a una marcha superior. La UE se ha comprometido a impulsar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles aún no reducidos y de todas las subvenciones a los combustibles fósiles, la duplicación de las medidas de eficiencia energética y la triplicación de la capacidad de las energías renovables en todo el mundo. Pero, para lograrlo, hemos de ganarnos la aceptación de las demás economías industrializadas, así como de China, país que, a pesar de sus gigantes avances en el campo de las energías renovables, sigue quemando más carbón que todos los demás países del mundo juntos.
La transición ecológica solo tendrá éxito si es justa y beneficiosa para todos. Los países más vulnerables al cambio climático han contribuido poco a ese fenómeno, pero corren el riesgo de soportar la mayor parte de sus consecuencias. Aunque también deben participar en la carrera mundial hacia las cero emisiones netas, necesitan y merecen un mayor apoyo para su adaptación al cambio climático y su transición hacia una energía ecológica. La UE está dispuesta a prestar a nuestros socios ese apoyo y ayudarles a evitar que repitan nuestros errores del pasado.
La UE, sus Estados miembros y las instituciones financieras europeas son ya los máximos proveedores de fondos públicos para la lucha contra el cambio climático destinados a las economías en desarrollo, a las que aportaron 28 500 millones de euros (30 000 millones de dólares) en 2022. Además, las economías desarrolladas van finalmente por el buen camino para alcanzar su objetivo de movilizar 100 000 millones de dólares anuales para la adaptación al cambio climático y su mitigación en los países en desarrollo. No obstante, debemos pensar ya en el período posterior a este compromiso, que finaliza en 2025.
Ha llegado el momento de adaptar los flujos financieros, tanto públicos como privados, a los objetivos establecidos en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, y de aumentar, de miles de millones de euros a billones de euros, las cifras de la financiación de la lucha contra el cambio climático. Al mismo tiempo, es preciso reformar las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo para que sean capaces de hacer más por facilitar el suministro de bienes públicos mundiales. Además, el nuevo Fondo de pérdidas y daños necesita capacidad financiera suficiente. Los primeros compromisos importantes son alentadores. También en este aspecto China será un socio indispensable.
En un mundo cada vez más multipolar y caracterizado por el retorno de la política de las grandes potencias, la cooperación internacional concertada podría parecer algo descabellado. No obstante, ante el reto existencial que se nos presenta a escala mundial, no podemos permitirnos fallar.
Fuente: Ma. Gabriela Escalante / ATREVIA
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