La polémica propuesta del gobierno desata críticas y preocupaciones en torno a la educación y la seguridad en Ecuador.
En medio de un incremento alarmante en los índices de criminalidad, el gobierno ecuatoriano ha anunciado una controversial medida de acuerdo a un medio de comunicación digital: convertir algunas escuelas abandonadas en cuarteles militares. Esta decisión ha desatado un acalorado debate entre autoridades, educadores y ciudadanos, quienes cuestionan la efectividad de esta estrategia y sus posibles impactos en el ámbito educativo.
Isabel Vargas Torres, ex presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), ha expresado su profunda preocupación ante esta propuesta gubernamental. En una entrevista con el canal digital prensa.ec, Vargas subrayó la importancia de abordar la inseguridad desde un enfoque integral, priorizando la inversión en educación y el pago de la deuda social.
“No se trata de declarar un estado de guerra o de excepción, sino de pagar las deudas sociales”, afirmó Vargas. “Eso significa invertir en educación, generación de empleos, seguridad y salud. Esos son los cuatro pilares que se deben atender si queremos combatir la delincuencia de raíz”.
Según Vargas, existen alrededor de 12.000 instituciones educativas en todo el país que han sido abandonadas y carecen de mantenimiento adecuado. En lugar de convertirlas en cuarteles, la ex líder gremial exige al gobierno y al Ministerio de Educación que estas escuelas sean reestructuradas y rehabilitadas para garantizar el derecho a la educación.
“No podemos permitir que ni un solo niño o adolescente esté fuera de las aulas”, enfatizó Vargas. “Si no hay inversión en educación, ningún país podrá desarrollarse. Hay que invertir en educación y más educación”.
La propuesta gubernamental que fue aclarada por la cartera de estado a través de sus redes sociales también ha generado críticas por parte de otros sectores de la sociedad. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la posible militarización de los espacios educativos, lo que podría generar un ambiente de temor e inseguridad para los estudiantes.
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Por otro lado, expertos en seguridad ciudadana han cuestionado la efectividad de esta medida para combatir la delincuencia organizada. Algunos analistas sugieren que, en lugar de enfocarse en soluciones reactivas, el gobierno debería invertir en programas de prevención, rehabilitación y reinserción social, así como en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley.
En medio de este intenso debate, el gobierno defiende su propuesta argumentando que es una medida necesaria para garantizar la seguridad y el orden público. Sin embargo, la controversia continúa, y la sociedad ecuatoriana se enfrenta a un dilema: ¿es posible encontrar un equilibrio entre la seguridad y el respeto al derecho a la educación?
Fuente: Portadas | prensa.ec
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