La propuesta de concesión a la mayor hidroeléctrica del país divide opiniones entre una posible salida a los problemas estructurales y el riesgo de entregar un activo estratégico a quien lo construyó defectuosamente.

La empresa Power China, matriz de Sinohydro, ha propuesto al gobierno ecuatoriano encargarse de la reparación y operación de Coca Codo Sinclair, la hidroeléctrica más grande del país. Esta obra, que tuvo un costo tres veces mayor al estimado, presenta graves fallas estructurales desde su construcción por Sinohydro, su filial. Mientras Ecuador reclama US$580 millones en compensación por los daños, Power China busca concesionarla y asumir el control. La decisión, en manos del presidente Daniel Noboa, podría marcar el rumbo del sector energético ecuatoriano. ¿Sería este un acto de prudencia o una muestra de sumisión?
La oferta de Power China para adquirir o concesionar Coca Codo Sinclair ha encendido el debate sobre la mejor forma de abordar los problemas de esta obra monumental, la cual ha estado en el centro de controversias políticas y económicas. Construida por Sinohydro, filial de Power China, la hidroeléctrica presentó más de 17,000 fisuras y problemas de erosión en el río Coca, complicando la operación y afectando la generación energética. Estos problemas han llevado a Ecuador a demandar en un arbitraje internacional el pago de US$580 millones, mientras la central sigue en funcionamiento bajo riesgo de fallas mayores.
Carlos Pérez García, exministro de Energía, expone en una entrevista con Mil Hojas que, si bien la propuesta de Power China suena descabellada, podría ser una opción para evitar una potencial catástrofe económica y ambiental. Según Pérez, la situación exige tomar una decisión estratégica, pues la infraestructura actual no cuenta con garantías de durabilidad. Además, el contexto político complica la resolución: las elecciones presidenciales a inicios de 2025 podrían retrasar las decisiones que el actual gobierno debería tomar en beneficio del país.

La relación de Ecuador con China se profundizó durante el gobierno de Rafael Correa, quien promovió una “Asociación Estratégica Integral” con el gigante asiático. A cambio de financiamiento chino, Ecuador comprometió recursos estratégicos, especialmente a través de preventas petroleras. Esta dependencia financiera con tasas de interés elevadas, y las cláusulas de confidencialidad impuestas en los contratos, ha limitado las acciones de los gobiernos sucesores y ha forzado el país a aceptar condiciones desfavorables para acceder a fondos.
En este contexto, se revela un entramado de influencias de lobistas y funcionarios alineados con intereses chinos que, según Pérez, siguen operando y promoviendo proyectos en beneficio de China, incluso a costa de la transparencia y los intereses nacionales. Este secretismo dificultó el acceso a información crucial sobre contratos, según denuncia Pérez, quien menciona la creación de un fideicomiso en Panamá para canalizar fondos petroleros, decisión que consideró una renuncia a la soberanía financiera.
La propuesta de concesión de Coca Codo Sinclair a Power China es vista con escepticismo. Para muchos, entregar nuevamente la operación a la empresa responsable de las fallas estructurales iniciales parece una contradicción. Sin embargo, según Pérez, el control de Power China podría transferir la responsabilidad de posibles colapsos futuros al concesionario y no al Estado ecuatoriano. Esto implicaría que Power China se haga responsable de las reparaciones y riesgos asociados, al tiempo que se negocia una compensación para el Estado ecuatoriano por los más de US$3,000 millones invertidos.
A pesar de que la concesión podría liberar al Estado de asumir más riesgos económicos y técnicos, el temor a una nueva dependencia de China, y el posible chantaje energético, sigue latente. Además, los problemas de calidad en proyectos similares construidos bajo los mismos términos aumentan la desconfianza. ¿Podría garantizar Power China la seguridad y operatividad de la hidroeléctrica en las condiciones actuales, o esta concesión implicaría un nuevo sometimiento de Ecuador a los intereses chinos?
Mientras el proyecto enfrenta un futuro incierto, al gobierno de Daniel Noboa le corresponde decidir si acepta la propuesta de Power China. La posibilidad de concesionar el proyecto y recuperar los costos de inversión podría resultar atractiva para un país con un alto endeudamiento externo y problemas de financiación. No obstante, muchos analistas alertan sobre los riesgos de permitir a China un acceso renovado al control de un activo estratégico y critican la falta de alternativas más autónomas y seguras.
La situación plantea un dilema nacional que requiere evaluar las lecciones del pasado, la viabilidad de los proyectos chinos y el impacto en la soberanía ecuatoriana. ¿Será esta propuesta de concesión una vía pragmática para solucionar los problemas de Coca Codo Sinclair o un paso más en la consolidación de la influencia china en el sector energético del país?
Fuente: prensa.ec






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