La eliminación del título habilitante a Cable Andino genera dudas sobre la legalidad y el impacto en el internet del Ecuador.
La decisión de Arcotel de extinguir el título habilitante de Cable Andino, proveedor de servicios de internet mediante cable submarino, levantó cuestionamientos sobre el debido proceso, la seguridad jurídica y posibles trasfondos políticos.
Arcotel revocó el título habilitante de Cable Andino, alegando irregularidades en la adjudicación inicial. Según la agencia, la empresa no presentó garantías suficientes, careció de viabilidad financiera y enfrentó observaciones de la Contraloría. Sin embargo, expertos legales y la comunidad académica denunciaron graves fallas en el proceso, como la ausencia de notificación previa a la empresa, vulnerando su derecho a la defensa.
Andrés Moreta, abogado especialista en derecho administrativo, explicó en una entrevista en Ecuavisa que Arcotel tiene facultades para retirar títulos habilitantes, pero únicamente a través de un procedimiento que respete el debido proceso, algo que, según él, no ocurrió en este caso. “Se basaron en causales abiertas y no conectaron las supuestas faltas con una normativa clara. Esto es una violación evidente al marco jurídico vigente”, comentó.
Uno de los puntos más cuestionados fue la exigencia de una garantía de fiel cumplimiento en años previos a su obligatoriedad. La normativa, introducida en 2016, no aplicaba a los periodos señalados por Arcotel, dejando en evidencia un uso retroactivo de la ley. Adicionalmente, Cable Andino subsanó esta garantía hasta 2025, lo que refuerza las dudas sobre la legitimidad de la resolución.
Otro aspecto preocupante es la reversión de bienes. Según la Ley de Telecomunicaciones, el Estado debe compensar el valor de los activos necesarios para el servicio, incluido el cable submarino. Esto implicará altos costos para el erario público, además del riesgo de demandas internacionales, lo que podría agravar la ya frágil economía nacional.
Diversas voces consideran que la resolución podría tener trasfondos políticos. La vinculación de Telconet, accionista principal de Cable Andino, con la reciente eliminación de una candidatura presidencial, alimenta especulaciones sobre una posible represalia gubernamental. “La seguridad jurídica está en entredicho, lo que aleja la inversión extranjera y genera incertidumbre en el sector privado”, agregó Moreta.
Aunque Arcotel se comprometió a garantizar la continuidad del servicio, persisten dudas sobre la capacidad del Estado para asumir esta responsabilidad sin afectar a los usuarios. En un contexto donde el acceso a internet es fundamental, esta situación pone en riesgo la conectividad de millones de ecuatorianos. ¿Qué implicaciones tendrá esta decisión para la confianza en las instituciones y el desarrollo tecnológico del país?
Fuente: ECUAVISA | prensa.ec
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