Asamblea cumple 100 días con baja fiscalización y agenda opaca

El Observatorio Legislativo analiza baja productividad, falta de transparencia y debilidad en fiscalización durante el primer trimestre de la nueva legislatura liderada por Niels Olsen.

La Asamblea Nacional del Ecuador completó sus primeros 100 días bajo la presidencia de Niels Olsen, con un balance crítico por parte del Observatorio Legislativo, que señala problemas en calidad legislativa, cumplimiento de agendas y ejercicio de fiscalización. El análisis, basado en datos cuantitativos y cualitativos, revela que, pese a una mayoría favorable al Ejecutivo, el trabajo parlamentario ha estado marcado por la opacidad, el archivo selectivo de iniciativas y una pérdida del sentido de urgencia en leyes económicas. La evaluación es clave para entender el rumbo de una legislatura que prometió “nueva política” pero enfrenta desafíos de credibilidad.

Bajo promesas de nueva política, resultados aún no se consolidan

La actual legislatura de la Asamblea Nacional inició con un discurso ambicioso: mejorar la calidad de las leyes, fortalecer la fiscalización y representar mejor a la ciudadanía. Sin embargo, tras 100 días de funcionamiento, el balance del Observatorio Legislativo —proyecto de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y la Fundación Hanns Seidel— indica que estas promesas aún no se han traducido en avances concretos.

Roger Celi, coordinador del Observatorio, señaló en entrevista con A Primera Hora de Radio Armónica que, si bien se han aprobado cinco leyes, entre ellas tres calificadas como urgentes en materia económica, el proceso legislativo muestra signos de debilidad estructural. “No todo es bueno o malo, tiene matices”, afirmó, pero advirtió sobre riesgos como la manipulación del concepto de “urgencia” y la falta de coherencia entre lo prometido y lo ejecutado.

Uno de los principales cuestionamientos es la selección arbitraria de iniciativas legislativas. De las cinco leyes aprobadas, varias provienen del Ejecutivo, mientras que propuestas de la oposición, especialmente de la Revolución Ciudadana, han sido archivadas sin debate. Esto genera la percepción de que el avance legislativo responde más a lógicas partidistas que a necesidades nacionales.

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Leyes urgentes y pérdida de sentido institucional

Durante este periodo, el gobierno presentó alrededor de ocho proyectos calificados como urgentes en materia económica. Aunque el mecanismo busca agilizar trámites en temas críticos, su uso repetido ha diluido su valor institucional. “Cada vez que llega una nueva ley urgente, ya no se entiende por qué lo es”, indicó Celi.

Además, varias de estas normativas —como la Ley de Integridad Pública, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Áreas Protegidas— acumulan más de 30 demandas de inconstitucionalidad. Esto evidencia no solo problemas técnicos en su redacción, sino también una desconexión entre el contenido normativo y su justificación de urgencia.

Otro punto crítico es la presentación de una agenda parlamentaria con 53 proyectos distribuidos en cinco ejes temáticos, pero sin identificación específica de los códigos legislativos. A diferencia de periodos anteriores, como el de Viviana Veloz, esta agenda no permite un seguimiento claro. “No sabemos cuál reforma penal se propone, ni su enfoque ideológico”, advirtió Celi, lo que convierte la agenda en un documento más comunicacional que operativo.

Fiscalización débil y control político en riesgo

En materia de fiscalización, el desempeño ha sido aún más cuestionado. A pesar de que las bancadas de oposición han presentado cerca de 1.000 pedidos de información a instituciones como la Contraloría, el Ministerio de Salud y el de Educación, solo el 67% han sido respondidos. Además, la Asamblea no publica datos transparentes sobre comparecencias ni seguimiento a estas solicitudes.

Un caso emblemático fue el intento de juicio político contra Inés Manzano, que no fue calificado pese a que el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa exige que el CAL (Consejo de Administración Legislativa) solicite un informe técnico previo. “Aquí imperó la mayoría de votos, no el procedimiento”, señaló Celi, lo que representa una vulneración del control político.

Este episodio envía un mensaje claro: la fiscalización no será una prioridad durante esta legislatura. A diferencia de periodos anteriores, donde se impulsaron investigaciones robustas, ahora prevalece una dinámica de “mera observación” sin acciones concretas.

Legisladores inactivos y transparencia insuficiente

Uno de los hallazgos más preocupantes del Observatorio es la inactividad de algunos legisladores. Según datos oficiales, existen parlamentarios que no han intervenido en debates, no han presentado proyectos de ley, no han solicitado información ni han asistido a votaciones. En otras palabras: no han realizado ninguna de las funciones básicas de su cargo.

Esto ocurre en un contexto en el que se redujo el número de curules con el argumento de mejorar la eficiencia. “La reducción de curules no se traduce automáticamente en mejor calidad parlamentaria”, advirtió Celi. Por el contrario, la falta de transparencia y rendición de cuentas agrava la desconfianza ciudadana.

La Asamblea no publica indicadores completos sobre el desempeño individual de sus miembros, lo que dificulta la evaluación ciudadana. “Tal vez trabajan en territorio, pero eso no justifica la ausencia de datos básicos”, agregó.

Cierre: una legislatura en deuda con la ciudadanía

A los 100 días, la Asamblea Nacional liderada por Niels Olsen no ha logrado consolidar la “nueva política” que prometió. A pesar de contar con una mayoría favorable al gobierno, su gestión se ha visto opacada por decisiones cuestionables, falta de transparencia y una fiscalización ineficaz. El Observatorio Legislativo llama a corregir el rumbo antes de que se consolide una dinámica de privilegio sobre institucionalidad.

El desafío no es solo técnico, sino ético: recuperar la credibilidad del Parlamento como espacio de debate, control y representación. Con más de tres años por delante, aún hay tiempo para mejorar. Pero para ello, será indispensable abrir procesos de rendición de cuentas, garantizar el acceso a la información y priorizar el interés público por encima de intereses partidistas.