Rodrigo Vélez Velasco afirma que las acusaciones en su contra son meramente políticas y mediáticas
Ocho años después del devastador terremoto que azotó a Manabí en 2016, la fiscalía continúa investigando presuntos casos de corrupción en la reconstrucción de la provincia. Uno de los empresarios señalados es Rodrigo Vélez Velasco, de la zona norte de Manabí, quien niega categóricamente haberse beneficiado de los fondos asignados.
El ingeniero Rodrigo Vélez Velasco, empresario de la construcción en la zona norte de Manabí, conversó con Prensa.ec sobre las acusaciones en su contra por supuestamente haberse beneficiado de contratos estatales para la reconstrucción tras el terremoto de 2016.
Vélez asegura que las imputaciones son netamente políticas y mediáticas, pues afirma que su empresa familiar nunca tuvo contratos directos con el Estado para la reconstrucción, sino que simplemente operaba como proveedora de materiales para las obras.
“Nos acusaron en el Consejo de Participación Ciudadana y en Fiscalía por delincuencia organizada y peculado. Pero nuestra defensa fue sencilla: acudimos al Servicio de Contratación Pública y demostramos que la empresa nunca contrató con el Estado”, explicó Vélez.
El empresario detalló que su familia estableció una pequeña planta de producción de materiales en San Isidro en 2010 y luego en 2013 inauguró una hormigonera en la zona norte para abastecer de concreto a las obras de la región.
Tras el terremoto de 2016, al ser la única hormigonera en la zona, continuaron operando y abasteciendo de hormigón a las obras de reconstrucción. Pero luego fueron acusados de beneficiarse como proveedores, algo que Vélez rechaza tajantemente.
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“El mayor corruptor fue la hormigonera porque hizo provisión de hormigón. Ese criterio es absurdo. Una cosa es ser contratista o subcontratista, y otra cosa es ser proveedor de un servicio o producto”, manifestó.
Vélez también explicó que la inversión total en la reconstrucción de Manabí fue de alrededor de 2.400 millones de dólares, muy lejos de los 3.000 millones que se planificaron originalmente. Considera que se creó una campaña mediática falsa de que “los manabitas corruptos se robaron el dinero”.
El empresario advirtió que la fiscalía ha demorado excesivamente el caso, pues las obras cuestionadas se contrataron entre 2016 y 2018, y aún no hay claridad sobre las acusaciones concretas. Adelantó que estudian acciones legales ante lo que consideran difamación de parte de la fiscalía.
“En Ecuador no hay seguridad jurídica. Aunque tengas la razón, si no tienes contactos políticos, es difícil defenderse. Llevamos 4 o 5 años en esta investigación sin ninguna prueba contra nosotros”, concluyó Vélez.
Fuente: Portadas | prensa.ec
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