Un desastre ambiental sin precedentes: falta de transparencia, impactos devastadores y la sombra del sabotaje.
El derrame de petróleo en Esmeraldas ha dejado al descubierto no solo una crisis ambiental de magnitudes incalculables, sino también la falta de información clara y acciones contundentes por parte de las autoridades. Con más de 25,000 barriles derramados, según estimaciones extraoficiales, las comunidades locales enfrentan una emergencia sin precedentes que afecta su agua, alimentación y economía.
El pasado 13 de marzo, una rotura en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) desencadenó uno de los peores desastres ambientales en la historia del Ecuador. A una semana del incidente, las cifras oficiales sobre la magnitud del derrame aún no han sido reveladas, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia y la lentitud en la respuesta.
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Inty Grønneberg, científico y ambientalista, señaló en una entrevista que, de confirmarse las estimaciones extraoficiales de 25,000 barriles derramados, este sería el mayor desastre de su tipo en el país. “Sin datos precisos, no podemos dimensionar el daño ni tomar medidas efectivas”, afirmó.
El impacto inmediato se ha sentido en las comunidades que dependen de los ríos Esmeraldas, Bilsa y Capulí, así como en las playas del Pacífico. Más de 500,000 personas han sido afectadas directamente, según Grønneberg, con problemas de acceso a agua potable, pérdida de cultivos y la paralización de actividades económicas como la pesca y el turismo.
La ministra de Energía, Inés Manzano, ha sugerido que el derrame podría ser resultado de un sabotaje. Según informes de inteligencia, el incidente no sería aislado, sino parte de una serie de acciones dirigidas a afectar infraestructura crítica, incluyendo el sistema de agua de Papallacta, que abastece a Quito.
Sin embargo, esta declaración ha sido recibida con escepticismo. Grønneberg criticó la falta de pruebas contundentes y advirtió que la especulación podría desviar la atención de la emergencia. “Lo que necesitamos son datos claros y acciones concretas, no teorías que generen más confusión”, afirmó.
Ante las declaraciones de la ministra Manzano sobre un posible sabotaje al sistema de Papallacta, el Municipio de Quito emitió un comunicado el 20 de marzo de 2025. En él, se informó que no se ha identificado ningún evento que ponga en riesgo la provisión de agua potable para la ciudad. No obstante, como medida preventiva, se solicitó al Ministerio de Defensa la militarización de las instalaciones del Sistema Papallacta Integrado para garantizar su seguridad.
Además, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) desplegó un contingente técnico y humano para monitorear las zonas mencionadas. El alcalde Pabel Muñoz también solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigue la alerta generada por las declaraciones de la ministra.
La gestión de la crisis también ha sido cuestionada por la falta de coordinación entre el gobierno nacional y las autoridades locales. El alcalde de Esmeraldas ha sido acusado de incompetencia por no actuar con la celeridad necesaria, mientras que el gobierno ha desplegado recursos para contener el derrame y proveer agua potable a las comunidades afectadas.
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Hasta el momento, se han recuperado 14,000 barriles de crudo mezclados con agua, pero la magnitud total del derrame sigue siendo incierta. La ministra Manzano aseguró que se están tomando medidas para la remediación y restauración de las áreas afectadas, con el apoyo de organismos internacionales como Ecopetrol y la ONU.
El derrame no solo representa una emergencia inmediata, sino también un desafío a largo plazo para la recuperación de los ecosistemas y la economía local. Los manglares de la desembocadura del río Esmeraldas, parte del sistema nacional de áreas protegidas, han sido gravemente afectados, lo que podría tener consecuencias irreversibles para la biodiversidad.
Además, las comunidades que dependen de la agricultura, como los productores de cacao, enfrentan pérdidas millonarias. “Esmeraldas vive de la agricultura, la pesca y el turismo. Los tres sectores están en crisis”, lamentó Grønneberg.
Mientras las autoridades buscan contener el desastre y determinar sus causas, las comunidades de Esmeraldas enfrentan un futuro incierto. La falta de información clara y la lentitud en la respuesta han dejado en evidencia las debilidades del sistema de gestión de riesgos del país. ¿Está el Ecuador preparado para enfrentar desastres de esta magnitud? La respuesta, por ahora, parece ser un rotundo no.
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