Gobierno busca focalizar compensaciones, mientras ciudadanos temen alzas en costo de vida
La decisión del gobierno ecuatoriano de eliminar los subsidios a los combustibles ha generado un intenso debate nacional, con diversos sectores expresando su preocupación por el impacto que tendrá en la economía y el bolsillo de los ciudadanos.
El anuncio del gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles, una medida que se venía discutiendo desde hace años pero que ninguna administración se atrevía a tomar por el alto costo político, ha sacudido a la sociedad ecuatoriana.
Según datos oficiales, desde 2007 los subsidios a los combustibles le han costado al Estado unos 45.000 millones de dólares, una cifra astronómica que, según expertos, podría haberse invertido en áreas críticas como educación, salud, vivienda y empleo.
Sin embargo, la preocupación entre los ciudadanos es palpable. Con una canasta básica que ronda los 750 dólares y un salario básico significativamente menor, muchos temen que el incremento en el precio de los combustibles dispare la inflación y erosione aún más su poder adquisitivo.
El gobierno ha anunciado que buscará focalizar las compensaciones, dirigiéndolas principalmente a sectores como taxistas, camionetas rurales y motociclistas. No obstante, surgen dudas sobre la efectividad de estos mecanismos y la capacidad del Estado para controlar que estos recursos se utilicen efectivamente para su fin previsto.
Darío Paladines, activista político y veedor ciudadano, señala: “Es fundamental que haya transparencia en las cifras y en el manejo de estas compensaciones. La Contraloría tendrá un rol clave para fiscalizar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan y no se desvíen o se utilicen de forma inadecuada”.
Otro punto de preocupación es la fluctuación de los precios internacionales del petróleo, sobre los cuales Ecuador no tiene control. Algunos temen que si estos precios se disparan, el impacto en el bolsillo de los ecuatorianos podría ser aún mayor.
En este contexto, el gobierno enfrenta el desafío no solo de manejar adecuadamente la eliminación de los subsidios, sino de asegurar que los recursos liberados se inviertan efectivamente en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Solo así podrá justificar una medida que, aunque necesaria desde una perspectiva fiscal, genera profunda preocupación en una sociedad ya golpeada por la crisis económica.
Fuente: Portadas | prensa.ec
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