El nuevo acuerdo ministerial enfrenta críticas por afectar las jornadas laborales y los derechos de los trabajadores en medio de la crisis energética.
El reciente acuerdo ministerial emitido por el Ministerio de Trabajo, conocido como “Pico y Placa Eléctrico”, permite la modificación temporal de las jornadas laborales para enfrentar la crisis energética. Mientras el gobierno defiende la medida como una herramienta para proteger empleos, las organizaciones sindicales denuncian que vulnera derechos laborales fundamentales y no fue consensuada con los trabajadores.
El Ministerio de Trabajo de Ecuador expidió el pasado 22 de octubre un acuerdo ministerial que ha generado una fuerte controversia en distintos sectores. La medida, bautizada como “Pico y Placa Eléctrico”, permite que las jornadas laborales se modifiquen para extenderse hasta 10 horas diarias, con la condición de no sobrepasar las 40 horas semanales. Esta disposición tiene como objetivo mitigar el impacto de los cortes eléctricos prolongados que el país ha enfrentado desde el 23 de septiembre debido a la peor sequía en seis décadas.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aseguró que la medida busca proteger los empleos, adaptando la jornada laboral a las dificultades impuestas por la falta de electricidad. Según Núñez, no existen registros de empresas que hayan cerrado por esta crisis, aunque sectores productivos denuncian pérdidas millonarias que alcanzan los $12 millones por cada hora de apagón.
A pesar de las justificaciones del gobierno, el acuerdo ha sido recibido con escepticismo por parte de los sindicatos. La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) ha calificado la disposición como una “amenaza a los derechos laborales”. Según su vocero, el acuerdo precariza el empleo, eliminando la posibilidad de cobrar horas extras y extendiendo de manera injustificada la jornada laboral. En un comunicado, la CEOSL advirtió que presentará una demanda judicial contra el Estado, argumentando que la medida viola convenios internacionales y artículos del Código de Trabajo.
El sector empresarial ha mostrado posturas divididas. Mientras que Andrés Robalino, director de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, ve con buenos ojos la implementación del “Pico y Placa Eléctrico” en las pequeñas industrias, destaca que la medida debe ser aplicada con cuidado para no afectar los derechos de los trabajadores. Robalino instó a que el Ministerio de Trabajo garantice que las horas extras sean debidamente reconocidas y que no se violen los límites legales de la jornada laboral.
Por otro lado, el dirigente empresarial subrayó que el gobierno debe ofrecer más alternativas para aliviar la presión sobre las medianas y grandes industrias, que se encuentran en recesión. Además, sugirió que se adopten medidas complementarias, como el control del contrabando, que también ha impactado en la competitividad del sector productivo.
El Ejecutivo ecuatoriano ha reiterado que la medida será temporal y que su vigencia dependerá de la superación de la crisis energética. Sin embargo, la falta de diálogo con los sectores laborales y las denuncias de imposición han generado un clima de incertidumbre. Si bien se pretende proteger los empleos, las críticas sobre la vulneración de derechos podrían escalar en los próximos meses, con movilizaciones sindicales en puerta.
El impacto real del “Pico y Placa Eléctrico” aún está por verse, pero lo que es claro es que el gobierno tendrá que enfrentar no solo la crisis energética, sino también el descontento laboral que esta medida ha provocado. ¿Será capaz el Ministerio de Trabajo de encontrar un balance entre las necesidades empresariales y los derechos de los trabajadores, o esta medida temporal profundizará la precarización del empleo en Ecuador?
Fuente: prensa.ec
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