En una sesión del Pleno polémica, el Consejo Nacional Electoral aprobó la prohibición de dispositivos electrónicos durante el sufragio. Analizamos las implicaciones y las críticas de los consejeros.
En una decisión que ha generado debate, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó prohibir el uso de celulares y dispositivos electrónicos durante el acto de votación y el escrutinio. Mientras algunos defienden la medida como una garantía para el voto secreto, otros la critican como una imposición arbitraria y carente de base legal. ¿Qué hay detrás de esta decisión?
El Consejo Nacional Electoral (CNE) vivió una sesión tensa y cargada de críticas este jueves, donde se discutió y aprobó la prohibición del uso de dispositivos electrónicos, como celulares, durante el acto de sufragio y el escrutinio de votos. La medida, presentada como una garantía para proteger el voto secreto, ha sido cuestionada por consejeros como Elena Nájera, quien la calificó de “ilegal” y “bochornosa”.
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La consejera Elena Nájera fue una de las voces más críticas durante la sesión. Denunció que el informe jurídico que respalda la medida carece de fundamentos legales sólidos y se basa en documentos de inteligencia militar y policial que no fueron debidamente socializados con todos los miembros del pleno. “Este informe jurídico da vergüenza”, afirmó Nájera, quien también cuestionó la transparencia del proceso y la influencia del gobierno en la decisión.
Por su parte, los consejeros José Cabrera, Enrique Pita y Diana Atamaint defendieron la medida como una forma de garantizar la integridad del proceso electoral. Cabrera argumentó que los informes de inteligencia revelan que grupos delictivos han presionado a ciudadanos para que fotografíen su voto como prueba de su elección, violando así el principio de secreto del voto. “Prohibir el uso de dispositivos móviles es una medida necesaria para proteger los derechos fundamentales de los votantes”, sostuvo.
Uno de los puntos más polémicos fue la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la elaboración de los informes que respaldan la decisión. Nájera denunció que el CNE está sometiéndose a las órdenes del poder militar, algo que considera “grave” en un Estado democrático. “En los países democráticos, es el poder civil el que dirige al militar, no al revés”, señaló.
Además, la consejera criticó que los informes de inteligencia no fueron compartidos con todos los miembros del pleno, lo que impidió un análisis completo y transparente. “Me ponen un acuerdo de confidencialidad ridículo y antojadizo”, afirmó, refiriéndose a las restricciones para acceder a los documentos.
La prohibición de dispositivos electrónicos durante el sufragio y el escrutinio plantea varias interrogantes. Por un lado, se argumenta que la medida protege el voto secreto y evita la coacción de grupos delictivos. Sin embargo, críticos como Nájera sostienen que la decisión carece de base legal y debería ser discutida en la Asamblea Nacional, no en un acto administrativo del CNE.
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Otro punto de controversia es el impacto práctico de la medida. Los dispositivos móviles son esenciales para verificar los códigos QR de las actas de escrutinio, lo que garantiza la transparencia del proceso. “Si prohíben los celulares, ¿cómo se verificarán las actas?”, cuestionó Nájera.
La consejera Nájera presentó una línea de tiempo que revela cómo la decisión fue impulsada por presiones externas. El 14 de febrero, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, pidió públicamente al CNE prohibir el uso de celulares en las urnas. Días después, el presidente Daniel Noboa reiteró la solicitud. El 28 de febrero, la presidenta del CNE y el consejero Cabrera se reunieron con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para recibir información que respaldaba la medida.
“Esto no es más que una respuesta a presiones del poder de turno”, afirmó Nájera, quien también denunció que un proyecto de reglamento elaborado por juristas independientes fue ignorado por el pleno.
La prohibición de dispositivos electrónicos en las urnas ha abierto un nuevo frente de debate en el CNE. Mientras algunos la ven como una medida necesaria para proteger el voto secreto, otros la consideran una imposición arbitraria y carente de transparencia. ¿Está el CNE garantizando la integridad del proceso electoral o está cediendo a presiones externas? La respuesta quedará en manos de la ciudadanía y de los actores políticos en las próximas elecciones.
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