El asambleísta Leonardo Berrazueta denuncia irregularidades en la empresa PetroNoboa, vinculada al hermano del presidente Daniel Noboa, y exige una fiscalización urgente.
En una rueda de prensa convocada por el asambleísta Leonardo Berrazueta, se revelaron presuntas irregularidades en la empresa PetroNoboa, propiedad del hermano del presidente Daniel Noboa. La denuncia incluye tráfico de influencias, defraudación tributaria y un posible perjuicio al Estado de 4 millones de dólares.
El caso PetroNoboa ha encendido las alarmas en la Asamblea Nacional. Según el asambleísta Leonardo Berrazueta, la empresa fue constituida apenas 18 días después de que Daniel Noboa asumiera la presidencia. Su hermano, Santiago Noboa, es el propietario de PetroNoboa, que adquirió la comercializadora de combustible Río Verde en El Triunfo, Guayas.
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- Ventas desproporcionadas: Río Verde vendió 3.7 millones de galones de diésel premium en 2024, mientras que otras gasolineras en la zona apenas alcanzaron los 300,000 galones.
- Compras insuficientes: PetroNoboa solo compró 97,000 galones a PetroEcuador, lo que genera dudas sobre el origen del resto del combustible.
- Autorización exprés: La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero autorizó a PetroNoboa en menos de 24 horas, un trámite que normalmente tarda entre 6 meses y un año.
Berrazueta cuestiona cómo PetroNoboa pudo vender 12 veces más combustible que sus competidores, especialmente cuando su capacidad de almacenamiento es limitada. “¿De dónde obtienen el combustible si solo compraron 97,000 galones?”, preguntó el asambleísta. Además, señaló que la empresa podría estar utilizando combustible subsidiado para venderlo a precio industrial, lo que representaría un perjuicio de 4 millones de dólares al Estado.
El caso también involucra a Clever Yerena, un joven de 24 años que es representante legal de varias empresas del grupo Noboa. Yerena solicitó la anulación de 6,800 facturas, de las cuales 5,800 estaban a su nombre. “¿Cómo es posible que el Servicio de Rentas Internas anule tantas facturas en tan poco tiempo?”, cuestionó Berrazueta.
El asambleísta Berrazueta exigió una fiscalización urgente y responsabilizó al gobierno de cualquier represalia contra los denunciantes. “Si somos nosotros los equivocados, que el país tenga tranquilidad. Pero si no, tendrán que responder ante la justicia”, afirmó. La pregunta que queda en el aire es: ¿Está el gobierno dispuesto a aclarar estas irregularidades, o seguirá protegiendo a los suyos?
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