El Ministerio de Educación implementa nuevas normativas para limitar el uso de dispositivos móviles en instituciones educativas, buscando equilibrar la tecnología y el aprendizaje.
En un contexto donde la tecnología permea cada aspecto de la vida cotidiana, el Ministerio de Educación de Ecuador ha emitido el Acuerdo Ministerial estableciendo regulaciones específicas sobre el uso de teléfonos celulares y dispositivos similares en las instituciones educativas del país. Esta medida, que entrará en vigor el 5 de mayo de 2025 para el régimen Costa-Galápagos y en septiembre para la Sierra y Amazonía, busca mitigar los efectos negativos del uso indiscriminado de estos dispositivos en el entorno escolar.
La decisión ministerial se basa en estudios realizados por la Dirección Nacional de Investigación Educativa y la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación, los cuales incluyeron encuestas a más de 20,000 docentes, 13,000 estudiantes y 36,000 padres de familia. Los resultados revelaron que el uso excesivo de celulares en el ámbito escolar afecta la concentración, la memoria y el rendimiento académico de los estudiantes, además de exponerlos a riesgos como el ciberacoso y la violencia digital.
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La ministra de Educación, Alegría Crespo, enfatizó que “vivimos en una sociedad adicta al celular”, y que es necesario establecer límites saludables para garantizar un entorno educativo propicio para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.
La normativa establece que los teléfonos celulares y dispositivos similares no serán considerados recursos obligatorios ni parte de los útiles escolares. Su uso estará regulado según el nivel educativo:
- Nivel inicial y educación general básica (preparatoria, elemental, media y superior): El uso de celulares está prohibido durante la jornada escolar.
- Bachillerato: Se permite el uso de celulares únicamente para actividades pedagógicas planificadas y supervisadas por los docentes, tales como acceso a recursos digitales, investigaciones en línea y desarrollo de proyectos colaborativos.
Además, se contemplan excepciones para el uso de dispositivos en casos de salud, necesidades educativas especiales, desarrollo comunicativo y emergencias, siempre que exista una justificación expresa de los padres de familia o representantes legales.
La implementación de esta normativa plantea varios desafíos. Por un lado, se busca fomentar la concentración y la interacción social entre los estudiantes, reduciendo la dependencia de los dispositivos móviles. Por otro, se enfrenta la necesidad de integrar la tecnología de manera efectiva en el proceso educativo, preparando a los estudiantes para un mundo digital sin que esto interfiera con su desarrollo académico y social.
La corresponsabilidad entre padres, docentes y autoridades educativas será clave para el éxito de esta medida. Los padres deberán supervisar el uso de dispositivos fuera del aula y establecer hábitos responsables, mientras que las instituciones educativas garantizarán que los dispositivos no interfieran con el aprendizaje ni la convivencia escolar.
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La ministra Crespo ha señalado que esta normativa no es una medida piloto, sino una disposición formal que será evaluada y ajustada según las necesidades y resultados observados en su implementación.
¿Podrá esta regulación equilibrar la necesidad de integración tecnológica con la protección del entorno educativo, o representará un obstáculo en la preparación de los estudiantes para un mundo cada vez más digitalizado?
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