El debate sobre la necesidad de una nueva Constitución divide al país, mientras el gobierno de Daniel Noboa busca consolidar su poder y enfrentar los desafíos económicos y políticos.
El presidente Noboa propone una Asamblea Constituyente para reformar el Estado, pero expertos advierten sobre los riesgos y la complejidad del proceso. ¿Es este el camino correcto para el Ecuador?
El triunfo electoral de Daniel Noboa ha reavivado el debate sobre la necesidad de una nueva Constitución en Ecuador. Mientras el presidente propone una Asamblea Constituyente para reformar el Estado y consolidar su poder, expertos y analistas advierten sobre los riesgos y la complejidad de un proceso que podría sumir al país en una nueva crisis de gobernabilidad. En un contexto de profundas divisiones políticas y desafíos económicos, la pregunta es: ¿es este el momento adecuado para redactar una nueva carta magna, o es mejor optar por reformas parciales y graduales?
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La Constitución de 2008, promovida por el expresidente Rafael Correa, fue un intento de transformar el Estado ecuatoriano bajo una visión socialista y centralista. Sin embargo, esta carta magna ha sido ampliamente criticada por su enfoque estatista, que ha limitado la inversión privada, generado ineficiencias en la administración pública y consolidado un modelo de poder concentrado en el Ejecutivo. A 15 años de su promulgación, muchos coinciden en que la Constitución de 2008 ya no refleja las necesidades ni las realidades del país.
“La Constitución de 2008 fue diseñada para un modelo de Estado que ya no existe”, afirma el constitucionalista Andrés Benavides. “El Estado no puede seguir siendo el protagonista exclusivo de la economía. Necesitamos un marco que fomente la inversión privada y que permita un desarrollo más dinámico y equilibrado”.
El presidente Daniel Noboa ha propuesto convocar a una Asamblea Constituyente con plenos poderes, lo que implicaría la suspensión temporal de la Asamblea Nacional y la redacción de una nueva Constitución. Según Noboa, este proceso es necesario para desmantelar las estructuras heredadas del correísmo y para implementar reformas profundas que permitan relanzar la economía y mejorar la gobernabilidad.
Sin embargo, esta propuesta ha generado un intenso debate. Por un lado, sus defensores argumentan que una Asamblea Constituyente permitiría abordar los problemas estructurales del país de manera integral, eliminando las trabas legales e institucionales que frenan el desarrollo. Por otro lado, los críticos advierten que un proceso constituyente podría desestabilizar aún más al país, generar incertidumbre económica y abrir la puerta a nuevas crisis políticas.
“Una Asamblea Constituyente no es una solución mágica”, señala el economista Walter Spurrier. “El riesgo es que, en medio de un proceso largo y complejo, el país se paralice. Además, no hay garantías de que los resultados sean los esperados. La historia nos muestra que estos procesos suelen reflejar las correlaciones de fuerza del momento, no necesariamente las necesidades del país”.
Otra opción sobre la mesa es la de realizar reformas parciales a la Constitución actual, un proceso que, aunque más limitado, podría ser más rápido y menos disruptivo. Sin embargo, las reformas parciales también enfrentan desafíos. En primer lugar, la Corte Constitucional debe aprobar cualquier cambio, lo que podría generar nuevos enfrentamientos entre el Ejecutivo y el poder judicial. Además, las reformas parciales podrían no ser suficientes para abordar los problemas estructurales del país.
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“Las reformas parciales son una opción, pero no resuelven los problemas de fondo”, afirma el abogado Mario Cubi. “El Ecuador necesita un cambio profundo, y eso solo se puede lograr con una nueva Constitución. La pregunta es cómo hacerlo de manera ordenada y con el menor costo político y económico posible”.
Uno de los principales argumentos en contra de una Asamblea Constituyente es el riesgo de inestabilidad. Un proceso constituyente podría generar incertidumbre entre inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y desalentar la inversión en un momento en que el país necesita reactivar su economía. Además, la convocatoria a una Asamblea Constituyente podría reavivar las divisiones políticas y sociales que han marcado al Ecuador en las últimas décadas.
“El país no puede darse el lujo de un proceso constituyente largo y costoso”, advierte Spurrier. “Necesitamos estabilidad y previsibilidad para atraer inversiones y generar empleo. Un proceso constituyente podría ser contraproducente en este momento”.
La Corte Constitucional jugará un papel clave en cualquier proceso de reforma constitucional. Según la Constitución actual, cualquier cambio constitucional debe ser aprobado por la Corte antes de ser sometido a referéndum. Esto significa que, independientemente de si se opta por una Asamblea Constituyente o por reformas parciales, el proceso estará sujeto a la aprobación de la Corte, lo que podría generar nuevos enfrentamientos entre el Ejecutivo y el poder judicial.
“La Corte Constitucional es un actor clave en este proceso”, señala Benavides. “Su papel será fundamental para garantizar que cualquier cambio constitucional respete los principios democráticos y los derechos fundamentales”.
El debate sobre la Asamblea Constituyente refleja las profundas divisiones que existen en el Ecuador sobre el futuro del país. Mientras algunos ven en una nueva Constitución la oportunidad de romper con el pasado y construir un Estado más moderno y eficiente, otros advierten sobre los riesgos de un proceso que podría sumir al país en una nueva crisis.
La pregunta que queda en el aire es: ¿está el Ecuador preparado para asumir los riesgos de una Asamblea Constituyente, o es mejor optar por reformas parciales y graduales que permitan avanzar sin comprometer la estabilidad del país? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro del país en los próximos años.
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