El CONGOPE exige liquidez inmediata para afrontar la emergencia invernal, rechazando la propuesta del gobierno de pagar la deuda del Modelo de Equidad Territorial con bonos.
En una decisión unánime, los 20 prefectos y prefectas del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) rechazaron la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas de pagar la deuda del Modelo de Equidad Territorial con bonos. Ante una deuda de USD 536 millones, las autoridades provinciales exigen liquidez inmediata para enfrentar la crítica situación invernal que afecta a todo el país.
La Asamblea Extraordinaria del CONGOPE, marcó un punto de inflexión en la relación entre el gobierno central y las prefecturas. Con una deuda acumulada de USD 536 millones, de los cuales USD 160 millones corresponden al Modelo de Equidad Territorial, las autoridades provinciales se encuentran en una encrucijada financiera. La propuesta del gobierno de pagar esta deuda mediante bonos fue rechazada de manera unánime, bajo el argumento de que las prefecturas necesitan recursos líquidos para atender la emergencia invernal que azota al país.
Paola Pabón, prefecta de Pichincha y presidenta del CONGOPE, fue enfática al señalar que “las prefecturas cuidamos de la ruralidad y para eso necesitamos recursos”. La crisis invernal, caracterizada por inundaciones, deslaves y daños en infraestructura, ha puesto en jaque la capacidad de respuesta de los gobiernos locales. Según Pabón, la situación es crítica y requiere una acción inmediata del gobierno central.
Por otro lado, la propuesta del gobierno de pagar con bonos podría interpretarse como un intento de manejar la deuda sin afectar el flujo de caja nacional. Sin embargo, esta estrategia parece insuficiente para las prefecturas, que enfrentan demandas urgentes de la ciudadanía.
El pulso entre el CONGOPE y el gobierno central plantea una pregunta crucial: ¿Podrá el Ecuador encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y las necesidades urgentes de sus gobiernos locales? En un país golpeado por la crisis invernal y las limitaciones económicas, la respuesta a esta pregunta no solo definirá el futuro de las prefecturas, sino también la capacidad del Estado para garantizar el bienestar de sus ciudadanos.
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