La administración Trump cuestiona fallo judicial que limita la supervisión estatal sobre la megaobra financiada por capitales chinos.
El gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia formal a Perú tras un fallo judicial que restringe la capacidad del Estado para supervisar el Puerto de Chancay, operado por la empresa china Cosco Shipping. El embajador estadounidense, Bernie Navarro, calificó la situación como un riesgo para la soberanía nacional, subrayando que la falta de control sobre infraestructura crítica por parte de los reguladores peruanos establece un precedente preocupante en la región. El conflicto surge en un contexto de creciente tensión geopolítica entre Washington y Beijing por la influencia comercial en América Latina.
El fallo judicial que limita a Ositrán
El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima emitió la Resolución N° 6 el pasado 29 de enero de 2026, fallando a favor de Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. Esta decisión surge tras una demanda de amparo interpuesta por la empresa contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y el Consejo de Ministros de Perú.
La sentencia determina que, al ser un puerto financiado íntegramente con capital privado y no mediante un contrato de concesión estatal, no puede someterse al mismo régimen regulatorio que las infraestructuras públicas. Según el tribunal, imponer dicha supervisión vulneraría los derechos constitucionales a la propiedad y a la libertad de empresa.
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Reacción diplomática de Estados Unidos
La respuesta de la administración Trump fue inmediata. A través de canales oficiales, el embajador Navarro afirmó que “el dinero chino barato cuesta soberanía”. El diplomático enfatizó que no existe un precio más alto que perder la capacidad de fiscalizar el propio territorio.
Por su parte, el Departamento de Estado de EE. UU. manifestó su respaldo al derecho soberano de Perú para supervisar infraestructuras críticas. En un comunicado, la oficina estadounidense advirtió al mundo que la incapacidad de supervisar un puerto de la magnitud de Chancay debe servir como una señal de alerta sobre las condiciones de inversión vinculadas a capitales estatales chinos.
Apelación de Ositrán y riesgos de monopolio
Ante la resolución judicial, Ositrán anunció que apelará la decisión. El organismo regulador sostiene que su autoridad para supervisar puertos de uso público es independiente de la estructura de propiedad. La institución argumenta que dicha fiscalización es fundamental para garantizar una competencia justa y evitar prácticas monopólicas en el sector logístico nacional.
El Puerto de Chancay, inaugurado en noviembre de 2024 con la presencia del presidente chino Xi Jinping, es la obra insignia de la iniciativa “la Franja y la Ruta” en Sudamérica. Con una inversión de 1.300 millones de dólares, la terminal permite recibir buques de gran calado, reduciendo en 10 días el tiempo de transporte hacia Asia.
Geopolítica y seguridad regional
La disputa por Chancay se enmarca en la competencia estratégica entre las dos potencias mundiales. Semanas antes del fallo, el Departamento de Estado de EE. UU. aprobó una posible venta militar de 1.500 millones de dólares para rediseñar la base naval de Callao, ubicada cerca de Chancay.
Esta medida es interpretada por analistas internacionales como un contrapeso a la expansión de la huella operativa de China en el Pacífico sur. Mientras Cosco Shipping mantiene el 60% de las acciones y derechos exclusivos de operación, Washington refuerza su presencia militar y técnica en la zona para salvaguardar sus intereses estratégicos en el hemisferio.
El desenlace de la apelación de Ositrán definirá no solo el marco regulatorio para la inversión extranjera en Perú, sino también el nivel de autonomía que el Estado mantendrá sobre sus nodos logísticos más estratégicos. La tensión entre la apertura comercial y la seguridad nacional permanece en el centro del debate político peruano.
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