Despidos en Petroecuador: ¿reforma o desmantelamiento?

El recorte representa apenas el 0,7% del presupuesto de la empresa, según cálculos de sindicatos. Trabajadores advierten sobre impacto operativo y riesgos para la soberanía energética.

El Gobierno anunció el 8 de agosto de 2025 la desvinculación de 936 trabajadores de Petroecuador, la empresa estatal de hidrocarburos, como parte de una reestructuración que, según afirma, generará un ahorro anual de más de 31 millones de dólares. La medida, justificada por “sueldos sobrevalorados”, ha sido cuestionada por los sindicatos del sector, que denuncian un impacto severo en la operatividad de la empresa y señalan que el ahorro representa apenas el 0,7% del presupuesto total. La decisión se produce en un contexto de crecientes tensiones entre el Ejecutivo y los trabajadores del sector público.

Petroecuador EP emitió un comunicado oficial el 8 de agosto en el que detalla la tercera fase de su proceso de reestructuración, iniciado en junio. Según el documento, se desvincularon 205 servidores públicos y 731 trabajadores bajo el Código del Trabajo, todos considerados “personal sobrevalorado” tras un “análisis técnico exhaustivo”. La empresa asegura que los salarios de estos empleados presentaban “distorsiones significativas” respecto al mercado y a sus funciones.

El ahorro estimado, de más de 31 millones de dólares anuales, será reinvertido, según el comunicado, en “proyectos estratégicos y tecnológicos” destinados a fortalecer al sector energético. Petroecuador afirma que las funciones de los despedidos serán asumidas por personal con perfiles equivalentes, sin afectar la operatividad.

La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (SINTEP) rechazaron la medida en un comunicado conjunto emitido el 9 de agosto. Consideran que el ahorro del 31 millones de dólares representa apenas el 0,7% del presupuesto anual de la empresa, una cifra marginal frente al impacto en la capacidad operativa.

“El gobierno muestra casos aislados de salarios altos como si fueran la norma, intentando tapar la verdadera intención: desmantelar Petroecuador”, señala el comunicado de los sindicatos. Ambas organizaciones advierten que la medida afecta áreas críticas como la perforación, geología, transporte marítimo y refinación.

Según SINTEP, se han desvinculado cuatro de los cinco capitanes de amarre en terminales marítimos, cada uno con matrícula única para operar boyas de carga. Sin ellos, se compromete la seguridad en la carga de crudo a buques. Además, se ha reducido a la mitad el equipo de ingeniería de perforación, incluyendo personal con décadas de experiencia.

Los sindicatos recuerdan que en 2022, la consultora internacional Arthur D. Little, contratada por Petroecuador, identificó un déficit de 1.200 trabajadores técnicos calificados en la empresa. “El gobierno no solo no ha cubierto ese faltante, sino que ha ampliado el vacío con más de mil despidos”, afirman.

En el área de geología, los trabajadores restantes ya debían gestionar simultáneamente dos o tres campos productivos. Con los nuevos despidos, la carga de trabajo se agrava, lo que podría derivar en errores técnicos, retrasos en la exploración y pérdida de eficiencia en la producción de crudo.

En su comunicado, Petroecuador publicó una tabla con ejemplos de “puestos sobrevalorados”, mostrando diferencias salariales de hasta el 119% por encima del estándar de mercado. Sin embargo, sindicatos y analistas cuestionan la metodología y el contexto.

El gobierno no ha publicado el informe técnico completo que sustenta los despidos, lo que ha generado dudas sobre la transparencia del proceso. ANTEP y SINTEP aseguran que se han respetado los derechos de líderes sindicales, como establece la ley, pero denuncian que muchos despedidos sí tenían cargos de representación.

Más allá del impacto laboral, la medida ha abierto un debate sobre la soberanía energética del país. Petroecuador es la principal empresa pública del Ecuador, responsable de la producción, transporte y comercialización de crudo. En 2024, aportó alrededor del 12% de los ingresos fiscales del Estado.

La reestructuración de Petroecuador plantea una encrucijada entre austeridad fiscal y sostenibilidad operativa. Mientras el gobierno destaca el ahorro de 31 millones de dólares, los sindicatos y expertos advierten sobre el costo a largo plazo: pérdida de conocimiento técnico, riesgos en la seguridad energética y erosión del aparato estatal. Sin datos completos ni un plan público de reemplazo de capacidades, la medida sigue generando más preguntas que certezas sobre el futuro del sector energético ecuatoriano.