Familiares y vecinos exigen justicia por los menores hallados muertos tras 23 días desaparecidos, un caso que sacude a la sociedad ecuatoriana.
Los cuerpos de Ismael, Josué, Saúl y Steven, cuatro menores desaparecidos en Guayaquil, fueron sepultados entre clamor popular por justicia y fuertes cuestionamientos al Estado ecuatoriano.

Este 1 de enero de 2025, Ecuador vivió una jornada de duelo e indignación con el sepelio de los cuatro menores hallados muertos tras 23 días desaparecidos. Ismael y Josué Arroyo (15 y 14 años), Saúl Arboleda (14) y Steven Medina (11) fueron velados en sus viviendas del sector Las Malvinas, al sur de Guayaquil, y sepultados en medio de una caravana multitudinaria hacia el cementerio Ángel María Canals.
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La desaparición de los niños, ocurrida el pasado 8 de diciembre tras ser detenidos por efectivos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), ha desatado una crisis de credibilidad en las instituciones de seguridad del país. Según la Fiscalía, los menores fueron arrestados por presunto delito flagrante, pero liberados cerca de una base militar. Días después, sus restos calcinados fueron hallados en la parroquia Taura.
“Queremos justicia”, clamaban familiares y amigos mientras sostenían carteles y globos blancos. Los cánticos y pancartas reflejaron el dolor colectivo y la indignación contra lo que defensores de derechos humanos califican como una “ejecución extrajudicial”. Fernando Bastías, abogado de las familias, afirmó que “el Estado tiene responsabilidad directa en estas muertes”.

El silencio del presidente Daniel Noboa tras confirmarse las muertes ha generado críticas. Aunque el Ministerio de Defensa se comprometió a garantizar transparencia en las investigaciones, las acusaciones de abuso de poder y negligencia contra las fuerzas armadas no cesan.
Organismos de derechos humanos, como el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos, recalcan que el caso refleja la vulnerabilidad de ciertos sectores frente a políticas de seguridad que priorizan la represión sin garantizar los derechos fundamentales.
Por su parte, la Alcaldía de Quito declaró tres días de luto institucional y ordenó izar las banderas a media asta. “Este caso debe ser un llamado a la reflexión para buscar paz, verdad y justicia”, expresó el cabildo en un comunicado.
Ecuador se enfrenta a preguntas urgentes: ¿cómo garantizar la seguridad sin vulnerar derechos fundamentales? ¿Qué mecanismos necesita el país para evitar más tragedias como esta?
Fuente: prensa.ec
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