La inversión social, clave para garantizar los derechos de niños y adolescentes

La niñez y adolescencia han sido históricamente un grupo vulnerado en sus derechos. Recién en 1989, con la Convención sobre los Derechos del Niño, se empezó a cambiar esta situación. Ecuador suscribió este tratado y tiene leyes como el Código de la Niñez y Adolescencia que protegen los derechos de este grupo etario. Sin embargo, estos derechos muchas veces no se cumplen en la práctica.
¿Qué se puede hacer para que en Ecuador se respeten de forma efectiva los derechos de niños, niñas y adolescentes? Esa fue la pregunta que abordamos en diálogo con Vicente Torres, experto en la materia.
Como explicó Torres, después de 1989 el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de niños y adolescentes. Esto implica no solo reconocer estos derechos en leyes y políticas públicas, sino también destinar recursos para hacerlos efectivos.
Lamentablemente, en Ecuador existen falencias en este sentido. Por ejemplo, la deserción escolar es un problema grave, ya que muchos niños y adolescentes abandonan los estudios por diversos motivos. Frente a esto, el Estado debe crear políticas para reinsertar a estos estudiantes en el sistema educativo.
Asimismo, señaló Torres, es necesario fortalecer instituciones como los Consejos Cantonales de Protección de Derechos y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Estas entidades no cuentan con el apoyo político y económico suficiente para cumplir a cabalidad su labor de proteger a la niñez y adolescencia.
Ante este panorama, ¿qué se puede hacer para mejorar? Según el experto, el nuevo gobierno que asumirá en mayo debe nombrar en cargos claves a personas realmente capacitadas en derechos de la niñez y adolescencia.
Además, es clave entender que este tema no es una simple ayuda social, sino que requiere una inversión social que garantice el ejercicio de derechos y la dignidad humana de este grupo poblacional.
El Estado debe diseñar políticas públicas integrales, que aborden problemas como la deserción escolar, embarazo adolescente, desnutrición infantil, entre otros. Y para ello, es fundamental involucrar en el proceso a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas.
Si bien Ecuador ha avanzado en el reconocimiento legal de los derechos de la niñez y adolescencia, aún falta mucho por hacer para que estos derechos sean una realidad en la vida cotidiana de miles de niños, niñas y adolescentes. Nombrar funcionarios competentes, aumentar la inversión social y mejorar las políticas públicas, puede contribuir a alcanzar este objetivo.
Fuente: Portadas | prensa.ec
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