¿Más de 1.200 servidores públicos despedidos en solo tres meses? ¿Eficiencia estatal o desmantelamiento encubierto? El economista y abogado Ludwig Álvarez Rengifo suena la alarma: los despidos masivos en Ecuador entre junio y agosto de 2025 no responderían a una mejora en la productividad, sino a una estrategia para debilitar al Estado y abrir la puerta a la privatización de Petroecuador.
Una empresa valorada en más de 10.500 millones de dólares, ¿vendida por apenas 3.000 millones? Y con un préstamo internacional… colateralizado por el propio Estado. ¿Casualidad o plan orquestado?
Álvarez denuncia que se estarían incorporando nuevos funcionarios mientras se despiden otros, lo que pone en duda la supuesta “racionalización”. Y advierte: los jueces que pretendan anular acciones de protección bajo excusas legales débiles, como el domicilio electoral, podrían incurrir en delitos de odio y violar derechos constitucionales intangibles.
El artículo 11.5 de la Constitución es claro: ante la duda, prevalece el derecho del ciudadano. Y el artículo 326 protege los derechos laborales como irrenunciables.
La ciudadanía está atenta. La justicia puede tardar… pero no falla.
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