Señoras y señores, en Ecuador, contratar no siempre genera empleo… a veces genera deuda. El salario básico es de 470 dólares, pero el costo real de un contrato legal supera los 660 al mes. Para una pequeña empresa, esa diferencia no es un lujo: es una aflicción. Por eso, la informalidad no crece por falta de ética, sino por necesidad de supervivencia.
Las normas laborales, en lugar de proteger, muchas veces castigan al que quiere hacer las cosas bien. El emprendedor que cumple con la ley termina pagando un precio desproporcionado. ¿El resultado? Miles de trabajadores sin derechos, no por maldad del empleador, sino por un sistema que hace del empleo formal un privilegio inalcanzable.
Es hora de una reforma laboral realista, que entienda el siglo XXI, que no criminalice al que produce y que convierta el trabajo decente en una opción viable, no en un sueño imposible. Esta es una crisis estructural… y necesitamos hablar de ella.
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