¿Cómo es posible que quien lidera movilizaciones con actos de violencia exija enjuiciamiento político a las autoridades que intentan restablecer el orden? Carlos Vera, director de Vera a su manera, califica este escenario como “el cinismo en su máxima expresión”.
Vera se refiere a la comparecencia de Marlon Vargas, presidente de la Conaie, ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional —presidida por una legisladora afín al correísmo—, donde solicitó enjuiciar al ministro del Interior y al de Defensa por presuntas violaciones a los derechos humanos.
El comunicador cuestiona la contradicción: mientras sectores vinculados a Vargas han protagonizado bloqueos, ataques y destrucción de bienes, se acusa a quienes garantizan la seguridad ciudadana. Vera subraya que, aunque existen comunidades indígenas legítimamente descontentas, grupos minoritarios —algunos financiados por minería ilegal o actores ilícitos en zonas como Imbabura— han secuestrado la protesta.
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Para Vera, tolerar que actores como Vargas circulen con impunidad, mientras se obstaculiza el diálogo con amenazas, pone en riesgo la institucionalidad democrática. El llamado es a distinguir entre protesta pacífica y violencia organizada, y exigir coherencia a todos los actores: gobierno, asambleístas y líderes sociales. Porque en democracia, nadie está por encima del Estado de derecho.
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