Desenmascarando el Lawfare en América Latina: La guerra judicial y mediática

El Observatorio Lawfare expone cómo se manufactura el consenso a través de casos judiciales y medios de comunicación.

En una era de creciente polarización política, el concepto de “lawfare” ha ganado relevancia en América Latina. Se trata de una estrategia que combina la judicialización de la política con una campaña mediática masiva, con el objetivo de desacreditar y neutralizar a líderes y movimientos progresistas. El Observatorio Lawfare, un grupo de investigadores dedicados a estudiar este fenómeno, ha estado desentrañando los entresijos de esta práctica en la región.

Aníbal García Fernández, investigador del Observatorio Lawfare, explica que el término “lawfare” surge de estudios militares en Estados Unidos y se refiere a una “guerra política por la vía judicial y mediática”. Según García, esta estrategia involucra intereses económicos, políticos y geopolíticos, y cuenta con la participación de jueces, corporaciones mediáticas, periodistas, líderes de opinión, policías, embajadas e incluso agentes de inteligencia locales y extranjeros.

El objetivo principal del lawfare es impedir que sectores de izquierda y progresistas cuestionen el consenso neoliberal que ha prevalecido en América Latina durante las últimas tres décadas. García señala que esta táctica se caracteriza por el armado de juicios con pruebas endebles, el abuso de prisiones preventivas, el uso de “testigos protegidos” con relatos poco confiables y la desmoralización a través de los medios de comunicación.

Uno de los casos emblemáticos de lawfare en la región es la “Operación Lava Jato” en Brasil, que llevó a la destitución del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2018. Posteriormente, se comprobó que el juez Sergio Moro, encargado del caso, incurrió en irregularidades y fabricó pruebas en contra de Lula, eliminando así su candidatura presidencial.

García destaca la participación de medios de comunicación hegemónicos y financiados por Estados Unidos en la manufactura del consenso en torno a estos casos judiciales. Cita como ejemplo el programa “Investiga Lava Jato”, apoyado por el influyente diario Folha de São Paulo, que tuvo repercusiones no solo en Brasil, sino también en México, Perú y Ecuador.

Estos medios de comunicación establecen la agenda mediática, orientando los tópicos a abordar y dejando de lado aspectos clave, como la participación de empresas estadounidenses y japonesas en los escándalos de corrupción en Brasil. García enfatiza que esta forma de operar incide directamente en la percepción de la población, presentando al Estado como intrínsecamente corrupto y ocultando las complejidades del fenómeno.

En el seminario “Judicialización de la Política Lawfare en América Latina”, realizado recientemente en Colombia, expertos y académicos debatieron sobre la delgada línea entre la libertad de expresión y la necesidad de que los medios de comunicación establezcan políticas claras al abordar casos judiciales polémicos. García sugiere que los medios deberían informar a su audiencia cuando están corroborando información, cuando se trata de presunciones o cuando se trata de contenido patrocinado, permitiendo así a la población discernir entre noticias verídicas y desinformación.

Mientras que el lawfare no es un fenómeno nuevo, su creciente impacto en la región latinoamericana ha puesto de relieve la urgencia de fomentar un debate abierto y una mayor transparencia en los medios de comunicación. Solo así podremos garantizar una democracia sólida y una sociedad informada capaz de tomar decisiones fundamentadas.

Fuente: Portadas | prensa.ec