Mientras la ministra de Energía insinúa un sabotaje, el alcalde de Quito exige pruebas y Petroecuador detalla los esfuerzos de contención.
El derrame de petróleo en Esmeraldas, que ha afectado a miles de personas y contaminado ríos y playas, ha generado un intenso debate entre las autoridades. La ministra de Energía, Inés Manzano, sugiere un posible sabotaje, mientras el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, exige transparencia y acciones concretas. Petroecuador, por su parte, detalla los esfuerzos técnicos para contener el desastre.

El 13 de marzo de 2025, una rotura en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) desencadenó uno de los peores desastres ambientales en la historia de Ecuador. A más de una semana del incidente, las preguntas sobre las causas y la respuesta gubernamental siguen sin respuestas claras.
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En una entrevista con Contacto Directo, la ministra de Energía, Inés Manzano, insinuó que el derrame podría ser resultado de un sabotaje. Según un informe de inteligencia policial, el incidente no sería aislado, sino parte de una serie de acciones dirigidas a afectar infraestructura crítica, incluyendo el sistema de agua de Papallacta, que abastece a Quito.
“Tenemos un informe que llegó a la gerencia general de Petroecuador sobre este sabotaje”, afirmó Manzano. “No es solo en Esmeraldas, sino también en otros lugares como Papallacta, Auca y el Parque Nacional Yasuní”. Sin embargo, la ministra admitió que no ha revisado personalmente el informe completo, sino solo un resumen ejecutivo, lo que ha generado escepticismo sobre la veracidad de sus afirmaciones.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, respondió con firmeza a las declaraciones de Manzano. “La ministra ha hecho declaraciones sensibles e irresponsables”, señaló. “Si conoce información sobre un posible atentado, su obligación es denunciarlo ante la Fiscalía, no ventilarlo en los medios”.
Muñoz anunció tres acciones inmediatas: reforzar la seguridad en las fuentes de agua de Quito, solicitar la militarización de la infraestructura crítica y presentar una denuncia formal ante la Fiscalía. “No permitiremos que nadie afecte la capital de la República”, afirmó.
Roberto Concha, gerente general de Petroecuador, detalló los esfuerzos técnicos para contener el derrame. Desde el primer día, equipos de ingeniería y maquinaria pesada trabajaron en la zona cero, una propiedad privada sin acceso directo. “Tuvimos que abrir caminos en la noche para llegar al sitio”, explicó Concha.
Aaí mismo, explicó que el derrame de crudo en Esmeraldas fue provocado por un deslizamiento de tierra ocasionado por las condiciones climáticas, en contradicción con la declaración de la ministra de Energía, Ines Manzano, Tambien explicó que inicialmente se estimó que la reparación tomaría ocho días, los equipos lograron restablecer el bombeo en menos tiempo. Sin embargo, Concha admitió que la magnitud del derrame aún no ha sido completamente transparentada. “Hemos recuperado 3,800 barriles, pero la cifra total podría ser mayor”, dijo.
El derrame no solo ha causado daños ambientales irreparables, sino que también ha expuesto las tensiones entre las autoridades. Mientras Manzano insinúa un sabotaje, Muñoz exige pruebas y acciones concretas, y Petroecuador intenta contener la crisis.
La falta de transparencia en las cifras y las acusaciones cruzadas han generado desconfianza entre la ciudadanía. Además, las comunidades afectadas en Esmeraldas enfrentan problemas de acceso a agua potable, pérdida de cultivos y paralización de actividades económicas.
El derrame en Esmeraldas es una tragedia ambiental y humana que ha dejado al descubierto las debilidades del sistema de gestión de riesgos y la falta de coordinación entre las autoridades. La pregunta es clara: ¿Está el gobierno preparado para enfrentar crisis de esta magnitud con transparencia y eficiencia?

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