El presidente ecuatoriano emitió el Decreto Ejecutivo 565, ratificando al dólar como única moneda oficial y único medio de pago en el país, en medio de un clima electoral polarizado.
En un movimiento que busca cerrar cualquier debate sobre alternativas monetarias, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 565, reafirmando al dólar estadounidense como la única moneda de curso legal en Ecuador. La medida, presentada como un esfuerzo para garantizar la estabilidad económica, llega en un contexto de tensiones políticas y propuestas controvertidas, como la idea de una moneda paralela o “ecuadólares”. ¿Es este decreto un verdadero blindaje para la dolarización o una estrategia electoral en vísperas del balotaje?

El martes 18 de marzo de 2025, el presidente Daniel Noboa a través del Decreto Ejecutivo 565, no solo ratificó al dólar como la única moneda oficial del país, sino que también instó a la Asamblea Nacional a reformar el artículo 303 de la Constitución para blindar la dolarización. Este artículo, de ser modificado, prohibiría al Banco Central emitir cualquier tipo de moneda paralela y limitaría su función a mantener la estabilidad monetaria y financiera.
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La medida llega en un momento crítico. En las últimas semanas, figuras políticas como Paola Cabezas, del movimiento Revolución Ciudadana, y el exconstituyente Alberto Acosta, han sugerido la posibilidad de implementar una moneda complementaria o “ecuadólares”. Estas propuestas, aunque no concretas, han generado preocupación en sectores económicos y ciudadanos que ven en la dolarización un pilar de estabilidad desde su implementación en el año 2000.
Ecuador adoptó el dólar como moneda oficial en enero de 2000, tras una severa crisis económica que incluyó una inflación desbocada y la devaluación del sucre, la moneda nacional en ese entonces. La dolarización, aunque controvertida en sus inicios, logró estabilizar la economía y atraer inversiones. Sin embargo, también limitó la capacidad del país para manejar políticas monetarias independientes, algo que algunos críticos consideran un lastre en tiempos de crisis.

El Decreto 565 de Noboa busca cerrar cualquier puerta a alternativas monetarias, reforzando la idea de que el dólar es intocable. Según el mandatario, propuestas como los “ecuadólares” o una moneda electrónica paralela no solo son inviables, sino que podrían “descalabrar completamente la economía”. Noboa argumenta que estas ideas son parte de una estrategia de la oposición para financiar gastos insostenibles y mantener un sistema clientelar.
La decisión de Noboa no está exenta de controversia. Para algunos, como el economista Vicente Albornoz, el decreto tiene un claro tinte electoral. En vísperas del balotaje del 13 de abril, Noboa busca diferenciarse de su rival, Luisa González, quien representa al correísmo, un movimiento que históricamente ha mostrado escepticismo hacia la dolarización. Albornoz señala que, aunque el decreto refuerza el discurso pro-dolarización, su impacto real es más simbólico que jurídico.
Por su parte, el constitucionalista André Benavides advierte que el decreto no es suficiente para blindar la dolarización. “Bastaría modificar ese decreto para poner otra moneda en curso”, explica. Benavides sugiere que, para una protección real, la dolarización debería estar consagrada en la Constitución y en una ley orgánica, algo que no ocurre actualmente.
El Decreto Ejecutivo 565 reafirma el compromiso de Daniel Noboa con la dolarización, pero también plantea preguntas sobre su verdadero propósito. ¿Es esta una medida destinada a proteger la economía ecuatoriana de experimentos monetarios riesgosos, o es una jugada política para ganar apoyo en un escenario electoral polarizado? En un país donde la dolarización es tanto un símbolo de estabilidad como un tema de debate, la respuesta podría definir no solo el futuro económico de Ecuador, sino también su rumbo político.

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