La propuesta de Daniel Noboa avanza hacia la Asamblea Nacional y podría culminar en un referéndum histórico.
Con una votación dividida, la Corte Constitucional aprobó el trámite de reforma para suprimir el financiamiento estatal a partidos políticos. El proyecto, impulsado por el presidente Daniel Noboa, deberá ser debatido en la Asamblea y, posteriormente, sometido a referéndum.
El 28 de octubre de 2024, la Corte Constitucional emitió un dictamen que permite tramitar la propuesta de reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución, presentada por el presidente Daniel Noboa. La resolución obtuvo el respaldo de cinco de los nueve jueces, lo que habilita al Ejecutivo a enviar su iniciativa a la Asamblea Nacional para su discusión en dos debates con un intervalo de 90 días.
La propuesta busca eliminar el financiamiento público destinado a los partidos políticos, una medida que el Gobierno defiende como necesaria para redirigir esos recursos hacia sectores críticos como salud, educación y seguridad. En un comunicado del 27 de noviembre, el Ministerio de Gobierno señaló que este proyecto pretende evitar el mal uso de fondos públicos, calificando las actuales estructuras partidarias como “caducas” y “poco transparentes”.
El dictamen no estuvo exento de polémica. Mientras que los defensores argumentan que la reforma fortalecerá la autonomía de los partidos y reducirá el gasto estatal, los detractores advierten sobre posibles implicaciones negativas para la democracia, especialmente para los movimientos pequeños que dependen de estos recursos para su funcionamiento y participación electoral.
Además, la reforma incluye el endurecimiento del control sobre los gastos de campaña, con sanciones específicas para quienes incumplan las normativas de propaganda. También se refuerza la obligación de los medios de garantizar la equidad en la difusión de las propuestas electorales, un punto que podría transformar la dinámica de las campañas políticas en Ecuador.
Si la Asamblea aprueba la reforma, el Consejo Nacional Electoral convocará a un referéndum para que la ciudadanía decida el destino del financiamiento público a los partidos. Este proceso podría extenderse hasta 2025, marcando un hito en la historia política del país. ¿Debe el financiamiento público a los partidos políticos eliminarse para fortalecer la democracia o se corre el riesgo de limitar la representación política?
Fuente: prensa.ec
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