El concejal Andrés Campaña, junto a varios dirigentes de jubilados y adultos mayores, presentó un amicus curiae ante la Corte Constitucional en contra del Decreto Ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas presentado por el presidente Guillermo Lasso.
La iniciativa es apoyada también por el Partido Socialista Ecuatoriano.
El Decreto Ley viola expresamente preceptos constitucionales como la gratuidad de la salud pues el Estado sólo cubrirá el 33.33% de las atenciones de salud de las personas que sufren enfermedades catastróficas o de alta complejidad.
Así mismo, en palabras del concejal “la disposición transitoria trigésimo quinta del Decreto Ley elimina el pago de intereses por la deuda que tiene el gobierno nacional al IESS […] importante manifestar que el gobierno nacional tiene una deuda que supera los 16 mil millones de dólares”.
Los dirigentes sociales esperan que la Corte Constitucional no viabilice el Decreto Ley y respete los derechos de los grupos de atención prioritaria, entre ellos, adultos mayores y personas que sufren enfermedades catastróficas o de alta complejidad. El Decreto Ley vulnera los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que son propios y distintos a los del Fisco y sirven para cumplir las prestaciones sociales. La Constitución expresa que ninguna institución del Estado incluyendo el Presidente de la República podrá intervenir o disponer de los fondos del IESS ni menoscabar su patrimonio.
Fuente: Mari Carmen
